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El caso del comisio de José Francisco Córdoba en Chiapas. Actuación de las autoridades en el combate del contrabando en la «raya» Chaipas-Guatemala, 1832.

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El caso del juicio de comiso de José Francisco Córdova en Chiapas. Actuación de las autoridades en el combate del contrabando en la “raya” Chiapas-Guatemala, 1832*

Resumen

Palabras clave

Contrabando, Comitán, Chiapas, siglo XIX, Soconusco.

Fecha de recepción: Fecha de aceptación:

Noviembre de 2020 diciembre de 2020

The case of the trial of José Francisco Córdova in Chiapas. Action by the authorities in the fight against smuggling in the Chiapas-Guatemala’s "Raya", 1832

* Se agradece al a DGAPA-UNAM por el apoyo recibido para la realización del proyecto PAPIIT No. IA400319, “Comercio y mercado interno en Chiapas. Continuidades y rupturas en el proceso de construcción de la frontera nacional, 1795-1842”. Agradezco a José Luis Ramírez y Beatriz Méndez su apoyo en la paleografía del caso.

** Doctora en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, adscrita la línea de investigación “Frontera, su construcción y significado”. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT Nivel I.

Key words

Contraband, Comitán, Chiapas, 19th Century, Soconusco.

Final submission: Acceptance:

November 2020 December 2020

Abstract: This article aims to explore the processes of confiscation of merchandise in the Chiapas-Guatemala’s "raya" based on the case of José Francisco Córdova, an attorney and Guatemalan expatriate. From his description and analysis, we can see how the different authorities in the state of Chiapas acted in the "fight" against contraband.

I Introducción

Chiapas perteneció a la Capitanía General de Guatemala, territorio que tras la independencia se convirtió en la República Federal de Centro América,1 durante el periodo colonial. Pero su destino cambió de curso tras la independencia de España. La integración de Chiapas a México tuvo muchas implicaciones políticas, diplomáticas, jurisdiccionales y administrativas. Uno de los aspectos de gran relevancia, pero al que no se ha apuntado, es el quiebre del circuito comercial.

Durante la colonia, el comercio estuvo regulado por el sistema de cobro de alcabalas2 en las administraciones aduanales ubicadas a lo largo y ancho del territorio iberoamericano. Cuando un traficante quería trasladar mercancía para su comercio estaba obligado a presentarse en la aduana de partida para solicitar al administrador una guía. En este documento se especificaba quién era el remitente, el consignatario, a dónde iba dirigido y los productos que se estaban transportando, y en muchos casos se especificaba tam

1 El nombre “Centro América” es el término con el que se conocía a la República Federal de Centro América durante el siglo XIX. En este texto se respetará ese término y se aludirá a la región centroamericana con el término “Centroamérica”.

2 Impuesto sobre el comercio y venta de productos.

bién el valor de estos. Después de un tiempo determinado, el comerciante que había tramitado la guía estaba obligado a entregar a esta oficina una tornaguía en la que se comprobara que se habían pagado a la Real Hacienda los derechos correspondientes de la mercancía, en la aduana de destino. Dado que todas las aduanas se encontraban bajo la misma jurisdicción, la de la corona española, se tenía un control exacto del pago de impuestos por partes de los vasallos.

Cuando surgió entre Chiapas y Guatemala un límite nacional, el circuito comercial y el control del comercio se vieron trastocados. A partir de la existencia del límite fronterizo entre las provincias pertenecientes a dos naciones distintas, la relación y cotejo de guías y tornaguías entre las aduanas de ambos territorios dejo de hacerse como en tiempos coloniales. Este aspecto propició que se realizara contrabando en la “raya”, como se denominaba a la frontera en esa época.

La palabra contrabando significaba en el pasado no acatar los reglamentos que regulaban el comercio legal de productos y derechos; es decir, ir en contra del bando. Toda la actividad comercial no autorizada era considerada como tal: las actividades mercantiles que no pagaran los gravámenes establecidos, o toda transacción de compra o venta no autorizada por la jurisprudencia.3

El estudio de este comercio ilícito en la frontera Chiapas-Guatemala durante las primeras décadas del siglo XIX me ha permitido dar cuenta de las dinámicas de separación e integración entre ambos países. Separación porque la gestación de una frontera nacional marca límites jurisdiccionales, institucionales y de soberanía de un Estado –para este caso, en proceso de formación. De integración porque, a pesar de la delimitación de los territorios, el contrabando es una muestra evidente de que Chiapas y Guatema-

Julio César Rodríguez Treviño, “De las islas a tierra firme: las rutas marítimas y terrestres del contrabando en las importaciones del caribe novohispano, 1700-1800” en Johanna von Grafenstein, Rafal Reichert y Julio César Rodríguez Treviño, Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino. Prácticas comerciales y navegación en el Gran Caribe, siglos XVII al XIX, (México: CONACyT/ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2018).

la que pertenecían a dos naciones distintas siguieron conservando estrechos vínculos comerciales.4

Para abonar a este aspecto, en este artículo se describe y analiza un proceso de comiso que tuvo lugar en la raya Chiapas-Guatemala en el año de 1832. El consignatario de este cargamento era José Francisco Córdova, expatriado guatemalteco que no era cualquier emigrado. José Francisco, mejor conocido en la historiografía como Cordovita, fue abogado y prócer de la independencia de Guatemala de España. Además de haber participado en los periódicos El Editor Constitucional y El Indicador, fue ministro de gobierno del presidente Mariano Aycinena, de 1827 a 1829. Al caer el gobierno de Aycinena salió desterrado de Guatemala para residir en la ciudad de San Cristóbal, entonces capital del estado de Chiapas. Córdova nunca regresó a su país, falleció en esta misma ciudad en el año de 1856.5

A través de este caso, se propone estudiar la forma en que las distintas autoridades en el estado participaron y actuaron buscando que la carga aprehendida fuera declarada decomisada. Asimismo, desentrañar de qué manera un abogado y expatriado guatemalteco, defendió sus intereses en un país ajeno, en un periodo de transición entre el antiguo régimen y el estado moderno, con nuevas leyes que regulaban el comercio exterior.

El texto está dividido en tres partes: el primero tiene la tarea de contextualizar al lector acerca del proceso de instauración de una frontera nacional entre dos territorios que habían estado bajo una misma jurisdicción, Chiapas y Guatemala; en el segundo se describen las leyes mexicanas que reglamentaron el comercio exterior y los procesos de comiso del contrabando que ingresaba a México, de 1821 a 1831; en el tercer y último apartado se describen las vicisitudes con las que se enfrentó José Francisco Córdova durante el proceso de comiso de la mercancía perteneciente a su familia.

4 Esto se desarrolla ampliamente en un libro de mi autoría que se encuentra en proceso de dictamen.

5 Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, Guatemala, Asociación de Amigos del País/ Herencia Cultural Guatemalteca/ Fundación para la Cultura y Desarrollo, s.a., http://www.fundacionhcg.org/libros/dhbg/#p=322.

II Surgimiento de la frontera Chiapas-Guatemala, 1821-1835

El estado de Chiapas fue integrado a la república mexicana de manera diferente al resto de los estados que forman actualmente el país. El territorio fue asignado a la jurisdicción de la Audiencia de México, fundada en Nueva España en el año 1528. Sin embargo, al establecerse la Audiencia de los Confines —posteriormente Santiago de Guatemala— en 1543 pasó a formar parte de ésta. Ulteriormente, Chiapas —formado por dos alcaldías— y la gobernación del Soconusco se unieron para formar la Intendencia de Chiapas en 1786 con capital en Ciudad Real. Cabe señalar que ambas provincias se encontraban ya vinculadas desde antes, pues estaban bajo la jurisdicción del mismo Obispado.6

La provincia de Chiapas, con su sede en Ciudad Real, permaneció bajo la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala hasta 1821, tras su independencia de España se adhirió al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, en compañía de varias provincias de la misma jurisdicción. Las autoridades mexicanas se plantearon extender su autoridad hasta el límite con Sudamérica. Esto implicó trastocar el estado de las cosas pues, aunque se tenían ciertas relaciones comerciales con estas provincias, en el ámbito jurisdiccional y político estaban totalmente desligados de lo que fuera la Nueva España.

Contrario a lo que se habría esperado, la unión de las provincias guatemaltecas al Imperio no dio lugar a una alianza duradera. Desde un inicio este proyecto se encontró con varios obstáculos en el camino: conflicto entre la capital guatemalteca y el resto de las provincias; enfrentamientos entre facciones al interior de las mismas; incapacidad de los mexicanos de integrar a los representantes centroamericanos en la toma de decisiones de la nueva nación; una intervención militar fallida en la región. El nuevo gobierno fracasó en sus pretensiones de sustituir a la corona española como referente de unidad y autoridad.7

6 Alma Margarita Carvalho, La Ilustración del Despotismo en Chiapas, 1774-1821 (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994), 47.

7 Para conocer más sobre este episodio de la historia ver Mario Vázquez Olivera, Chiapas, los años decisivos. Independencia, unión a México y Primera República Federal (México: UNICACH, 2010).

En marzo de 1823, a raíz de la caída del emperador Agustín de Iturbide, los dirigentes de las distintas provincias guatemaltecas se negaron a reconocer la autoridad del nuevo gobierno federal mexicano, dado que el pacto de Iguala se había roto. En el mes de julio se proclamó la independencia absoluta de las Provincias Unidas de Centro América y el congreso local se transformó en Asamblea Nacional Constituyente.8

En Chiapas, esta separación tuvo como consecuencia el inicio de un acalorado debate entre las principales ciudades de la provincia acerca de qué rumbo deberían tomar. Dos eran las opciones: integrarse a la república de Centroamérica o a la recién formada república mexicana, como consecuencia la provincia se mantuvo independiente por un año. Esto se resolvió cuando en septiembre de 1824 los pueblos de Chiapas votaron por la nación a la que deseaban pertenecer; el día 14 del mismo mes se promulgó la anexión del territorio a México, de acuerdo con los resultados de la votación.9

Tras la anexión de Chiapas, las relaciones entre México y Centroamérica se tornaron accidentadas. El gobierno centroamericano objetó los resultados de la votación en Chiapas argumentando que este había sido producto de la intervención del gobierno mexicano. En este contexto, la región del Soconusco se separó de la provincia chiapaneca y se anexó a las provincias centroamericanas. El momento de mayor tensión entre ambos países tuvo lugar en 1825, cuando tropas centroamericanas ocuparon el Soconusco. Como respuesta, el gobierno mexicano envió tropas a Tonalá.10

8

Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010. Centroamérica (México: Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2011) 33.

9 Mario Vázquez Olivera, “Trazos de historia política. El estado de Chiapas y la federación mexicana, 1824-1835” en Anuario 2006 (Tuxtla Gutiérrez: Centro de Estudios de México y Centroamérica/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2007) 202-203. Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, Joaquín Miguel Gutiérrez. El fulgor de la espada (México: CONECULTA,1999) 47-48.

10

Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Espacios diversos, historia en común. México, Guatemala y Belice: la construcción de una frontera (México: Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2006) 54.

Para ambas naciones, la posesión del Soconusco se convirtió en un asunto de suma importancia, al grado de estar dispuestas a enfrentarse bélicamente. Para Centroamérica, la disputa de este territorio constituyó el último recurso para evitar la conclusión de la cuestión chiapaneca; tenía la esperanza de convencer a su vecino del norte de entablar una negociación bilateral sobre ambos territorios —Chiapas y Soconusco—. México, en cambio, concebía imposible ceder el Soconusco, pues ello implicaba que se cuestionara la legitimidad de la agregación de Chiapas.11

El mes de octubre, los centroamericanos cedieron a una propuesta de Lucas Alamán, entonces ministro de relaciones, de retirarse del territorio ocupado como condición para entablar negociaciones directas. Mientras se firmaba un tratado de límites, el Soconusco quedó establecido como territorio neutral.

Centroamérica propuso el arbitraje internacional para resolver el conflicto de límites. Primero planteó resolverlo en la Asamblea Americana a la que había convocado Simón Bolívar, presidente de Colombia. De forma subsecuente, buscó la intervención de los Estados Unidos de América como interventor, y propuso a las Provincias Unidas del Río de la Plata como mediador.12 Lamentablemente para este gobierno, siempre encontró la negativa en su contraparte.

En el año de 1831, Lucas Alamán —nuevamente a cargo de la oficina de relaciones exteriores— ordenó el envío de dos ministros plenipotenciarios a Centro y Sudamérica, con la misión de formar una alianza defensiva hispanoamericana. Esta decisión se tomó tras la intromisión en México de tropas españolas y de las intenciones de apropiación que tenían los estadounidenses en Texas y demás territorios de la frontera norte.13

A partir de esta iniciativa, el ministro consideró pertinente disipar los problemas con el gobierno centroamericano. Manuel

11 Castillo, Toussaint y Vázquez, Historia de las relaciones, 37.

12 Castillo, Toussaint y Vázquez, Historia de las relaciones, 41.

13 Mónica Toussaint y Mario Vázquez, Territorio, nación y soberanía. Matías Romero ante el conflicto de límites entre México y Guatemala (México, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2012) 36. Castillo, Toussaint y Vázquez, Historia de las relaciones, 23.

Diez de Bonilla fue el elegido para dicha misión y para ello recibió instrucciones precisas en las que se le indicó, por una parte, que era de suma importancia establecer una relación estrecha con la República de Centro América “[…] en razón de su vecindad, para cubrir de este modo el flanco que representa esta república”.14

Al replantearse la importancia geopolítica de la vecindad de Centroamérica, el gobierno mexicano debió iniciar la revisión de dos asuntos de gran relevancia: llegar a un acuerdo en materia de límites y normalizar las relaciones diplomáticas. Fue así como, por primera vez, varios funcionarios en compañía de Alamán se dieron a la tarea de resolver de qué manera podría hacerse el trazo fronterizo: si era conveniente trasladar los límites chiapanecos hasta las cumbres de los Cuchumatanes, o si era necesario ceder el Soconusco a cambio de El Petén.15

Diez de Bonilla no fue del todo bien recibido. Esto se debió a que Manuel José de Arce, expresidente de Centroamérica derrocado en la guerra civil centroamericana (1829) —quien había estado exiliado en México—, incursionó con un contingente militar a Guatemala en ese mismo año. Aunque el ataque fue abatido por las fuerzas centroamericanas, en Guatemala se rumoraba que el gobierno mexicano había sido cómplice de dicha acción.16

Alamán había estado al tanto de los planes de Arce y no intentó detenerlo, pues pensaba que los posibles resultados de esa incursión podían favorecer a los intereses mexicanos. De hecho, en Guatemala se tuvo noticias de que Arce había pactado ceder El Petén a cambio del respaldo de Alamán y del entonces gobernador de Chiapas, José Ignacio Gutiérrez. Esto generó un ambiente poco cordial para las negociaciones. Las conversaciones entre Diez de Bonilla y el ministro de relaciones centroamericano, Pedro Molina, se desarrollaron en un ambiente hostil hacia el representante mexicano.17

14 Toussaint y Vázquez, Territorio, nación y soberanía, 37.

15 Castillo, Toussaint y Vázquez, Espacios diversos, 66.

16 Ibíd, 65.

17 Castillo, Toussaint y Vázquez, Historia de las relaciones, 43.

En su viaje a Guatemala, el plenipotenciario recibió una solicitud urgente del gobernador de Chiapas sobre la conveniencia de regularizar el comercio entre esta provincia y Centroamérica, pidiendo que se eliminaran las restricciones o que se moderaran los impuestos bajo un acuerdo de reciprocidad. Como ejemplo citó el caso de los indígenas chuj ubicados en la “raya”, que tradicionalmente vendían trigo, maíz y textiles en Comitán y que, desde la independencia, se habían visto severamente perjudicados por las prohibiciones.18

Diez de Bonilla presentó sus credenciales en Guatemala e inició sus negociaciones con las autoridades centroamericanas, explicando la urgente necesidad de que ambos países unificaran sus intereses en política exterior y comercio.19 Muestra de ello es el protocolo del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Centro América.20

México mostró claramente no estar dispuesto a que otras naciones intervinieran en sus asuntos de política exterior y Centro América dejó claro que no había renunciado a los derechos que pensaba tener sobre el territorio chiapaneco. El tratado nunca fue ratificado por no resolverse el asunto de los límites entre ambas naciones.

Diez de Bonilla abandonó Guatemala sin avance alguno. Tiempo después lo sustituyó Mariano Macedo, quien se topó con los mismos obstáculos que su antecesor: la negativa del gobierno centroamericano de negociar bilateralmente el asunto de límites. Así, su visita diplomática no rindió ningún fruto y concluyó su intervención en 1835.21

México surgió con espacios que no fue fácil delimitar en el momento de su independencia y fundación. La incorporación de una provincia que había pertenecido a otro espacio jurisdiccional

18 Luis G. Zorrilla, Relaciones de México con la República de Centro América y con Guatemala (México: Editorial Porrúa, 1984) 190.

19 Ibíd., 188.

20 Tratado de amistad, comercio y navegación. - Entre México y República de Centroamérica AHGE-SRE, Exp. 7-14-28.

21 Toussaint y Vázquez, Territorio, nación y soberanía, 38.

durante la Colonia, complicó aún más la definición de su frontera sur. De ahí que ésta fuera inestable, no sólo durante los primeros años, sino durante casi todo el siglo XIX. Como era de esperarse, este proceso de reconfiguración y establecimiento de nuevas fronteras estuvo acompañado de pugnas diplomáticas, tensiones políticas y militares.22

A pesar de que Centroamérica y México no tuvieran un acuerdo diplomático sobre las fronteras entre una y otra república, la inestabilidad política y la pugna de grupos de poder en ambas naciones propició la migración de guatemaltecos a México y de mexicanos a la república de Centro América. Muchos de los centroamericanos decidieron ubicar su lugar de residencia en Chiapas, por encontrarse este lugar más cercano a su patria y debido a que, al haber sido este territorio parte del antiguo Reino de Guatemala, tenían ahí más redes sociales y de apoyo.

¿Qué implicaciones tuvo el surgimiento de esta frontera nacional? La frontera nacional involucró la gestación de un Estado-nacional —con instituciones de gobierno nuevas—, el surgimiento de una soberanía y, para el caso de Chiapas, la ruptura de un circuito comercial. Este aspecto tuvo implicaciones importantes para el comercio, pues al no estar claramente definida la frontera y no establecerse un convenio comercial entre ambas naciones, no había manera de controlar el tránsito de mercancías de un espacio a otro, fue así que el contrabando en la región tuvo las puertas abiertas.

III Regulación del comercio exterior y contrabando en México, 1821-1831

El primer arancel decretado tras la independencia de España fue el del 15 de diciembre de 1821. Este estaba dividido en cinco capítulos compuestos de 74 artículos, con el anexo de la nomenclatura y clasificación de las mercancías, así como de las instrucciones para el funcionamiento de las aduanas en el despacho de los barcos

22 Juan García Pérez, “Conflictos territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y XX” en Norba. Revista de Historia, 215-241, Vol. 18, 2005.

que habían de cargar en los puertos del Imperio.23 En el mismo se contemplaba el pago de un solo derecho a la hacienda pública “en la entrada de todos los géneros, frutos y efectos de todas las naciones”24 de un 25% del valor de la mercancía. La cantidad a pagar quedaría determinada por el administrador de aduanas, dependiendo del valor y cantidad de los géneros presentados, previo aviso. Este arancel poseía una lista de los productos que podían ser ingresados, la medida de peso con que debían ser trazados y el valor de cada uno.

El comerciante debía presentarse en la aduana y mostrar la mercancía, junto con las facturas de las mismas, en la que se especificara la cantidad y calidad de los géneros. Una vez revisada la misma, el administrador de aduanas debía rubricar las facturas y la contaduría expediría “las hojas con numeración correlativa expresando el nombre del interesado”,25 su destino y la clase de su contenido. Cabe señalar que en este reglamento no se mencionan las aduanas fronterizas terrestres, solamente las aduanas marítimas, y no estaban estipuladas las penas y procedimientos en caso de contrabando de mercancía.

Fue el 4 de septiembre de 1823 cuando se expidió el Reglamento para la distribución de comisos; es decir, cuando se determinó qué debía hacerse con las mercancías que entraran de forma ilegal en el país. Caerían en la pena de confiscación aquellos objetos de comercio que fueran estipulados como prohibidos en el arancel antes expedido y todos los demás que, “aunque de lícito comercio, circulen de una a otra provincia sin los documentos respectivos de la aduana de procedencia”.26

23

Óscar Cruz Barney, El comercio exterior de México, 1821-1928. Sistemas arancelarios y disposiciones aduanales (México: UNAM/ IIJ, 2005) 43.

24 Arancel general interino para el gobierno de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio, 15 de diciembre de 1821 en Manuel Dublán y José María Lozano (Comp.), Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República (México: Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876) T. I, 567.

25 Ibíd., 586-587

26 Jefes políticos de la provincia, posteriormente serían los gobernadores de los estados.

Se autorizaba a los intendentes, los jueces de hacienda, administradores, contadores, jefes de resguardo, empleados y ciudadanos para celar, promover y aprehender los efectos ilícitos, “cuyo celo por el bien y prosperidad de la patria excita del modo más eficaz a efecto de que no sea defraudada de sus justos derechos”.27 Dicha facultad no autorizaba a los mencionados a detener, registrar ni molestar a los traficantes en los caminos; se indicaba que debían conducirlos hasta la población más cercana y hacer ahí la denuncia ante el juez.

El juez debía examinar si la mercancía contaba con guía y si esta coincidía con la carga y factura expedida por la aduana, que debían llevar siempre los comerciantes consigo. En caso de que no se cumpliera con los requisitos de legalidad de la mercancía, el juez debía asignarle una escolta al arriero para que fuera conducido a la aduana más cercana en donde se examinaría nuevamente la mercancía y se declararía el comiso. Los efectos confiscados debían ser depositados en los almacenes nacionales de la aduana “custodiándose de tres llaves de las que tendrá una el intendente, otra el juez letrado y la tercera el administrador”,28 en caso de faltar uno de los anteriores las autoridades municipales.

El juez tenía 48 horas para hacer la declaración del comiso, periodo durante el cual el agraviado podía interponer un reclamo. Para ello, debía iniciarse un juicio escrito, “que no debería dilatarse más del tiempo precisamente necesario, para presentar los comprobantes que se hubieren ofrecido”.29

En todo comiso debían deducirse los derechos nacionales, de avería y los municipales en caso de tratarse de mercancías permitidas; los efectos prohibidos debían pagar, además de los impuestos mencionados, el 25 por ciento de alcabala. En caso de que alguno de los géneros fuera de los estancados, pólvora o tabaco, se entregarían a las factorías o administraciones respectivas quienes debían pagar su valor.

27 Reglamento para la distribución de comisos, México 4 de septiembre de 1823 en Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, T. I, 670.

28 Ibíd.

29 Ibíd., T. I, 671.

La mercancía debía ser aforada, vendida y con las ganancias debían pagarse los derechos antes mencionados, además de los costos del juicio al juez, que declarara el comiso, al promotor y al escribano. Del sobrante se debía dar la mitad al promotor del comiso (denunciante) y el resto se distribuiría entre los aprehensores por igual (el juez que dio la certificación incluido). La distribución debía hacerse en moneda efectiva. Sin embargo, después del aforo y antes de la venta de la mercancía los interesados podrían optar por recibir el pago en especie, pagando los gravámenes correspondientes.

Las autoridades provinciales o nacionales podían también promover la aprehensión de cargamento, “acreditándolo por previo aviso y certificación de la autoridad judicial”.30 En estos casos, a los empleados de las aduanas, les tocaría parte de la distribución del comiso.

Los contrabandistas estarían sujetos a las leyes establecidas hasta el momento. En caso de que la defraudación al fisco fuera por más de quinientos pesos su nombre y delito debía publicarse en los periódicos locales y, en caso de reincidencia, se le suspendería la ciudadanía por cinco años. Aquel que fuera acusado del cargo de contrabando en tres ocasiones sería expulsado del territorio mexicano.

En el estado de Chiapas el poder legislativo emitió un bando que complementó el reglamento para la distribución de comisos del 4 de septiembre de 1823 tres años después. Dicho documento se emitió para “evitar los sucesos que comenta la Comisaria General en cuanto al comercio de la federación y cortar los abusos de que los traficantes se valen para[,] en perjuicio de la Nación y del Estado[,] fomentar el contrabando usurpando el debido pago de los derechos de alcabalas”.31 En dicha ley se estipulaba que a ningún comerciante le estaba permitido introducir

30 Ibíd.

31 Decreto del 1 de marzo de 1826, San Cristóbal, 1 de marzo de 1826 en Diligencias averiguatorias sobre unas cargas de efectos de Castilla que introdujo a esta Republica el Ciudadano José Rafael Zepeda vecino de la Capital acompañándole el respectivo pase, CCJ, Ramo civil, Caja 2, Exp. 80-1828.

o sacar del Estado dinero o efectos —extranjeros o nacionales— sin contar con las guías y facturas que lo avalaran, así como el pasaporte correspondiente.

Quedaba terminantemente prohibido viajar por caminos extraviados, así como internarse a los poblados de noche “con la mira de hacer importaciones y exportaciones clandestinas”.32 En este sentido, ningún arriero podría entrar o moverse de un poblado a otro sin antes presentarse ante “las justicias del lugar [con] su pasaporte” y la mercancía. Esto debía verificarse, también, en las aduanas y receptorías “donde las hubiere”. Los jueces debían poner “razón y constancia” del acto.33

Los mercaderes, al introducirse en un poblado, debían llevar la carga en “derechura” a las aduanas y receptorías para su reconocimiento. Es decir, antes de que esta fuera conducida a la casa o negocio del interesado, debía presentarse ante las autoridades competentes. La falta a dicho artículo “los hará sospechosos de fraude” a la hacienda pública.34 Los artículos anteriores comprendían a aquellos que viajaban a y desde la república de Centro América, quienes debían presentarse en la Aduana Fronteriza de Comitán y la de Tonalá. Así como para aquellos que comerciaran con el estado de Tabasco y se transportaran por los caminos de “Ixtacomitán, Guardiania o Moyos, Tila y Palenque”.35

En este entendido, se hacía énfasis en que todo aquel que viajara por caminos extraviados, se internara de noche a cualquier poblado, no tuviera consigo la guía de los efectos conducidos o llevara a su casa la mercancía antes de presentarla en la aduana, aunque tuviera la guía correspondiente, incurriría “por el mismo hecho en la pena de comiso sin excusa ni pretexto alguno”.36

Aquellas personas que auxiliaran, ocultaran cargas y/o protegieran el contrabando, fueran “jueces, vecinos particulares o arrieros”,

32 Ibíd.

33 Ibíd.

34 Ibíd.

35 Ibíd.

36 Ibíd.

quedarían sujetos a las penas estipuladas en el reglamento de distribución de comiso como cómplices del fraude a la hacienda pública.

Se hacía también referencia a los denunciantes de contrabando, quienes recibirían la parte determinada en el reglamento de comisos —la mitad del sobrante— y contaría con el anonimato, “para no exponerlo la venganza del reo denominado”.37

El 31 de marzo de 1831 se expidió una ley en la que se aclaraban ciertos puntos del arancel del 16 de noviembre de 1827. El primero de los artículos era sobre el “manifiesto” que debían realizar los mercaderes al momento de presentar el cargamento en las aduanas, mismos que debían especificar el contenido y número de mercancía. Se estipulaba que en caso de no realizarse dicho “manifiesto”, la mercancía caería en la pena de comiso; la exclusión de alguna pieza del cargamento se castigaría con una multa equivalente al valor de lo omitido. En caso de no declararse más de 6 fardos, barriles o cajas, sería decomisado todo el cargamento.38

El segundo punto era el arreglo de los comisos que se realizaran. Se estipulaba que cuando se aprehendieran efectos extranjeros prohibidos o estancados, serían comisados también los medios en que fueran transportados (caballos, barcazas, botes e inclusive buques) y las armas que portaran los contrabandistas al momento.39 Lo decomisado sería valuado por peritos nombrados por el administrador de aduanas, el comandante del resguardo y el denunciante —por falta de este último sería el promotor—; posteriormente sería rematada en “almoneda”.40 Una vez obtenido el dinero de la subasta se procedería al pago a la Hacienda pública de la federación, de los derechos de los aranceles vigentes; acto seguido se cancelarían los impuestos municipales y los pagos judiciales. El sobrante debía dividirse en dos partes iguales, una sería para los aprehensores —comprendiendo entre estos a los denunciantes, al

37 Ibíd.

38 Ley- Disposiciones a que ha de arreglarse el manifiesto prevenido en el artículo 7º del arancel de aduanas marítimas, y otras aclaraciones sobre comisos, México, 31 de marzo de 1831 en Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, T. II, 319.

39 Ibíd., T. II, 319-320.

40 Subasta de bienes.

administrador de aduanas, al comandante de resguardo y al promotor fiscal—; la otra debía remitirse a la casa de moneda del Distrito Federal, la cual destinaría dichos recursos al fomento de la industria. Podían también entregarse los efectos decomisados a los aprehensores, una vez pagados los derechos. La parte destinada a la industria debían cubrirla una vez que vendieran la mercancía.41

Además de la pena de comiso, por primera vez, los contrabandistas serían multados con la quinta parte del valor de los efectos o cinco pesos, en caso de que el valor de la mercancía fuera bajo. La multa se duplicaría por segunda ocasión y se triplicaría en la tercera. Estas multas también se repartirían entre los partícipes del comiso.42

Los contrabandistas de efectos prohibidos también debían pagar las multas antes estipuladas. Sin embargo, en este caso el importe de la venta de los efectos y de la multa debían distribuirse de manera distinta: se cubrirían los costos judiciales, una cuarta parte correspondería a la Hacienda pública y el resto se distribuiría entre los aprehensores.

En términos institucionales se reglamentaba que los jueces que tuvieran conocimiento de comisos estaban obligados a dar cuenta al supremo gobierno federal, “con testimonio de lo actuado”, a fin de que las autoridades dispusieran medidas para corregir los abusos que se pudieran presentar. Asimismo, se aclaraba que las sentencias absolutorias de comisos se debían ejecutar bajo fianza y hasta que fuera aprobado por el tribunal superior, “a quién se podrá apelar, sin perjuicio de la ejecución de las sentencias bajo fianza, aun de los juicios verbales, excediendo el interés de quinientos pesos”.43

Los juzgados de distrito debían tener nombrado un promotor fiscal para llevar a cabo los juicios de comiso, pero en caso de no tenerlo el comisionado de la federación fungiría como tal y, en su ausencia, el mismo administrador de la aduana.44

41 Ley- Disposiciones a que ha de arreglarse el manifiesto prevenido en el artículo 7º del arancel de aduanas marítimas, y otras aclaraciones sobre comisos, México, 31 de marzo de 1831 en Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, T. II, 320.

42 Ibíd.

43 Ibíd.

44 Ibíd., T. II, 321.

En diciembre de 1831 se emitió una circular dirigida a los administradores de aduana, en la que se informaba que se había tenido conocimiento de varios casos, en que las costas judiciales absorbían casi todo el capital obtenido de los juicios de comiso. Esto había impedido que quedara dinero para distribuir “entre el denunciante, aprehensores y demás partícipes”, eliminando el estímulo que hacía “velar y perseguir el contrabando”.45 Por lo que el vicepresidente en turno llamaba a los jueces de circuito y de distrito a moderar o dispensar sus costos para “contribuir al estímulo de los denunciantes y aprehensores, […] principalmente en los comisos de corto valor”, para que quedara algo que repartir.46

IV El caso de José Francisco Córdova

Feliciano Gálvez y Bernardo Gómez, viajaron desde Chiapas a la ciudad de Guatemala para entregar efectos de comercio de la propiedad de Felipe León. El día 17 de diciembre de 1831, al momento de emprender el camino de regreso, José Cordero —comerciante de aquella ciudad— pidió a Gálvez que transportara un flete hasta la raya con Chiapas; en ese lugar se encontraría con él o, en su defecto, llegaría otra persona de Comitán a reclamarlo.

León se encontró con sus arrieros en la raya. Al verlos con el cargamento les cuestionó acerca de quién era el dueño, a lo que Gálvez dijo ignorarlo. Después de un día de espera, y al no presentarse Cordero ni otra persona a recoger el flete, León tomó la decisión de llevarlo al rancho de Guacanajaté, de la propiedad de Tomás Figueroa, “con el objeto de que permaneciese allí hasta que pareciera el dueño, o interesado en recibirla, y dispusiera de ella”.47

El domingo 8 de enero, en la noche, ingresaron el cargamento en el rancho de Figueroa. Al no encontrarse éste en su propiedad León pidió al mozo Feliciano Pérez permiso para guardar la mer

45 Circular de la secretaría de justicia: sobre comisos, así por lo tocante al pago de costas judiciales, como a la intersección del administrador de la aduana, México, 17 de diciembre de 1831 en Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, T. II, 406.

46 Ibíd., 1876: T. II, 407.

47 Copia del expediente civil sobre comiso de efectos contra Felipe León, 10 de enero de 1832, CCJ, Ramo Civil, Caja 3, Exp. 37, f. 11.

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cancía en una de las habitaciones. Pérez “se negó al principio por no tener particular orden ni aviso de su amo, [pero] convino al fin en virtud de la persuasión de León, suponiendo que no lo tendría a mal su amo por ser su amigo”.48 La carga compuesta por 8 cajones y cuatro tercios, fue acomodada en una de las habitaciones del rancho y puesta bajo llave. León recomendó al mozo que mantuviera el secreto de la carga y que avisara sobre el asunto a su amo; después de eso emprendió el camino a su casa.

Al día siguiente, el administrador de alcabalas Cirilo Macal tuvo noticias del ingreso de la mercancía por un denuncio. Solicitó al alcalde segundo de la ciudad de Comitán, Gregorio Culebro, que lo auxiliara con tres soldados de la guardia cívica para ir a decomisar el cargamento al rancho de Tomás Figueroa; como lo hizo en compañía del contador de la aduana fronteriza Escolástico Armendáriz. Las autoridades arribaron al lugar a las cinco de la tarde, al tiempo que llegó el dueño del rancho, quien tenía total desconocimiento de lo que estaba sucediendo.

A partir de ese momento el alcalde segundo del ayuntamiento inició el proceso judicial. Llamó primero a comparecer al dueño del rancho, Tomás Figueroa, y a su mozo Feliciano Pérez; posteriormente citó al inculpado, Felipe León. Este último no se presentó ante el juzgado hasta varios días después, porque se encontraba en su rancho Yaguajal enfermo, “a causa de la embriaguez de algunos días”.49

En el ínterin, el administrador de aduanas solicitó al juzgado de distrito que se efectuara la declaración del comiso “teniendo en consideración que el rancho donde fue encontrado [el flete] dista dos y media o tres [leguas] de este [poblado]”50 y que se encontraba la mercancía oculta y “extraviada” en un “punto donde tienen inmediato el camino recto para esta ciudad, caso que no lo hubiera querido introducir en esta”.51 Esto debía hacerse con prontitud,

48 Ibíd., f.4.

49 Ibíd., f.7

50 Ibíd., f.8.

51 Ibíd., f.8.

pues la noticia del cargamento había causado gran revuelo en la ciudad, desde un inicio.

Afirmó en un oficio que cuando había llegado a recoger el cargamento al rancho de Figueroa tuvo problemas para trasladar la carga a la ciudad, por lo que envió al contador Escolástico Armendáriz a Comitán para que solicitara unas mulas. Cuando éste arribó, se enteró que “una facción” de 18 hombres habían emprendido camino al rancho de Figueroa para quitarle la carga embargada a las autoridades. Entonces, Armendáriz solicitó al juez de primera instancia, Pedro Celis, que “tomara providencias” pero este se negó argumentando “que no se metía en nada” porque no se le había solicitado a él la instrucción del caso. Ante esta situación, el contador se vio en la necesidad de pedir auxilio al alcalde segundo como comandante de cívicos, quien emprendió camino al rancho de Figueroa con 10 hombres, lo que “tuvo efecto”, pues no se efectuó el crimen.52

Aunado a ello, ese mismo día por la noche se presentó, en la casa del administrador Cirilo Macal, Felipe León “a caballo con sable en mano, y cargado de licor a llamarme de insultos lo mismo hizo en la del contador”.53 De acuerdo con Macal, León era “uno de los comerciantes de esta ciudad acostumbrados como todos a viajar con procedencia de Guatemala y a no pagar derecho alguno”, por lo que había sido un “milagro caerle encima”.54

El juez de distrito solicitó que se pidiera a dos sujetos “veraces” información acerca de si el rancho, donde se había encontrado el cargamento, se encontraba “extraviado del camino público y a qué distancia”.55 Asimismo, que se le tomara declaración a Felipe León. El alcalde segundo nombró a Norberto Solís y a Juan Francisco Utrilla como peritos, quienes declararon que Guacanajaté no estaba “en camino real sino en extravío, que del camino real a dicho rancho hay más de media legua y de allí aquí [a Co

52 Ibíd., f. 8.

53 Ibíd., f. 8v.

54 Ibíd.

55 Ibíd., f. 10.

mitán], dos y media o tres leguas”.56 Dadas estas declaraciones, el cargamento debía caer en pena de comiso.

Fue hasta el día 17 de enero que se presentaron a comparecer Felipe León, Feliciano Gálvez y Norberto Gómez, explicando en sus declaraciones lo sucedido el día 8 de enero. Gálvez y Gómez afirmaron no tener la intención de defraudar a la hacienda pública pues, hasta encontrarse con su amo, ambos transportaron la carga por el camino oficial. León declaró no tener noticia de quién era el dueño del flete, hecho corroborado por los dos arrieros. Finalmente, las autoridades descubrieron a quién iba dirigido el cargamento cuando Bernardo Gómez entregó la guía que le había dado José Cordero en Guatemala. Afirmó que no había comunicado de su existencia a León y que ignoraba qué decía el documento por no saber leer. El destinatario era Demetrio León, hermano de Felipe, quien debía recibir 12 piezas de efectos.

Ese mismo día, Demetrio León se presentó a declarar en el ayuntamiento y en este acto afirmó que tenía conocimiento de que la mercancía pertenecía a Mariano Córdova y a su hermana María Ignacia, viuda de Víctor Zavala, ambos vecinos de la ciudad de Guatemala. Los hermanos Córdova, temiendo que se perdiera la mercancía en el país vecino “por las revoluciones del día”, resolvieron enviarla al estado de Chiapas por conducto de José Cordero “mientras se tranquilizaba aquello”. Esto lo sabía porque José Francisco Córdova, hermano de los dueños del flete, le había solicitado que recibiera el cargamento y le notificara para disponer de ella, “por ignorar el declarante cuando debía llegar la carga, ni estar en el lugar, sino en su rancho cuando la introdujeron, como que no sabía nada de esto hasta que oyó decir que habían embargado una carga en el rancho de Figueroa”.57

El expediente fue turnado al juez de distrito Manuel Dondé, quien al tiempo lo mandó al promotor fiscal Bonifacio Paniagua,comisario de guías, para que emitiera su opinión. Éste apuntó que

56 Ibíd.. 57 Ibíd., fs. 15-15v.

en el expediente faltaba la diligencia principal, el inventario de los efectos contenido en los ocho cajones y los cuatro tercios aprehendidos. A su parecer, dicha falta era notable “cuanto que ella podía dar margen a que se viertan especias nada favorables con respecto a los empleados de aquella aduana”.58 Para que el proceso siguiera su curso solicitaba que se remitiera a la brevedad dicho documento. También, pensaba que era necesario que, en caso de declararse el comiso “que parece debe hacerse según el mérito de los autos”,59 que la mercancía aprehendida fuera trasladada a la capital del estado para efectuar el remate de ésta.

De inmediato, el juez de distrito procedió a declarar caídos en pena de comiso los efectos aprehendidos en el rancho Guacanajaté el día 9 de enero y, de acuerdo con la guía de los efectos emitida en Guatemala, ordenaba que la venta de estos se efectuara en la capital del Estado. En este sentido, pedía al juzgado del ayuntamiento constitucional de Comitán que se remitiera el inventario del contenido de las doce piezas que “debió hacerse inmediatamente después de la aprehensión”. Para el traslado de los cajones a la capital, se solicitó una escolta al comandante general, cuatro soldados y un cabo de caballería, para que posteriormente, “llegados que sean los mencionados efectos”, se procediera a su avalúo por parte de peritos nombrados por ese juzgado.60

El día 27 de enero el alcalde segundo de Comitán, Gregorio Culebro, procedió a hacer el inventario solicitado por el juez de distrito. Llama poderosamente la atención que al momento en que se abrieron los tercios y los cajones para verificar qué había en cada uno de los contenedores, desaparecieron tres cajones sin que las autoridades concernientes —el administrador Macal y el juez del ayuntamiento, Culebro— echaran de menos su falta. Lo que sí hizo Cirilo Macal fue agradecer al juez de distrito haber dado la orden de que se realizara el inventario de la mercancía aprehendida, porque eso significaba que la sentencia de comiso de esta iba por buen cause.

58 Ibíd., f. 17v.

59 Ibíd..

60 Ibíd., f. 18, f.19v.

El 31 de enero, el verdadero destinatario de la carga, José Francisco Córdova —“migrado de Guatemala en la República de Centro América y residente en la capital de Chiapas”— envió una representación al juez de distrito Manuel Dondé. En esta explicaba que “como era público y notorio” su nación padecía una “desastrosa revolución”, razón por la que algunos de los ciudadanos fueron proscritos en 1829.61 Los gobernantes de Centro América, “que pertenecen a una partida llamada fiebre”, pensaban que los miembros del “partido moderado apelan [a] la reacción” y por ello oprimían al vecindario de la capital “con fuertes exacciones pecuniarias y con toda especie de persecuciones y violaciones”.62 Su familia pertenecía al partido moderado, que “por malignidad llaman servil”. Era esa la razón por la que él y sus parientes se habían visto en la necesidad de huir de su patria, por ello eran “vistos como sospechosos y perseguidos por el partido dominante en el día”.63

Así era que “los que conocieron algunos restos de fortuna tratan de salvarlos a toda costa como puedan”.64 Por ello, su hermano Mariano Córdova, que vio en peligro el capital de su hermana María y de sus sobrinos, resolvió salvar una parte de ése remitiéndole a él un flete con mercancía en el mes de diciembre. Para comprobar esto, presentó la carta de su hermano del día 27 de diciembre, en la que se indicaba que le mandaba la mercancía con los mozos de León. La mercancía iba a nombre de José Cordero “dirigiéndolas por su cuenta a Don José Demetrio [León]”, esto se había hecho por si había “algún encuentro [con sus oponentes políticos, para que] no perjudique a otro apellido”.65 Junto a esta comunicación, presentó copia de la factura de la mercancía que ascendía al valor de 2.518 pesos, 6 reales. Afirmó que esto era evidencia de que no se intentaba “emprender una especulación clandestina contraria a las leyes de esta República”.66

61 Ibíd., f. 26v.

62 Ibíd., f. 27.

63 Ibíd.

64 Ibíd., f. 27v.

65 Ibíd., fs. 24-24v

66 Ibíd., f. 27v.

Se utilizó el nombre de José Cordero por temor de que si sonaba el de su familia el cargamento perecería en manos de las partidas auxiliares de Mariano Arce, que en el mes de diciembre habían tomado las vías de comunicación entre Comitán y Chantla. En todo Guatemala se tenía conocimiento de que él y sus hermanos habían huido a México, y que “tenemos por ruinosa a nuestra patria”. Se habían comprado “el odio de los partidarios de Arce”, por ello, “debimos recelar de la venganza de los que sienten que no opinamos ni obramos como ellos”.67 Esto explicaba claramente el porqué de que el flete fuera enviado a nombre de otra persona. Asimismo, al conductor de la carga se le solicitó “que salvase aquella [carga] de las partidas” de Arce, que tenían obstruidos los pasos de la frontera.68

Se suponía que Cordero debió introducir el cargamento y aparecer como su dueño. Sin embargo, “las numerosas ocurrencias de mi país no le permitieron” hacerlo. Esto había colocado al arriero Feliciano Gálvez en un dilema, “y este por su ignorancia creyó acertar y hacer un buen servicio con entrarse hasta las inmediaciones de Comitán, sin presentar la carga como debía en la aduana de aquella ciudad”.69 Después de recibirla en Comitán, Demetrio León, debía trasladarla a la capital para entregársela a él personalmente. Lamentablemente, Gálvez y Felipe León decidieron introducirla en un rancho y, entre tanto, no faltó quien denunciara el cargamento como de contrabando: los “empleados de la Aduana interesados personalmente en los comisos volaron a apoderarse del cargamento, León aturdido con la ocurrencia no dio los pasos que debía y los efectos se han embargado como si realmente hubieran venido por vía de una negociación ilícita”.70

Para interponer el recurso de apelación, Francisco Córdova solicitó al juez que se le considerara el consignatario de las mercancías, no a José Demetrio León. De esta manera podría apelar a la

67 Ibíd., fs. 28-28v.

68 Ibíd.

69 Ibíd.

70 Ibíd., f. 29.

sentencia por no haber sido notificado y llamado a declarar. Para apoyar sus argumentos, hizo énfasis en varios puntos que demostraban la irregularidad del proceso judicial:

1° Que la carga fue sorprendida y aprehendida en Comitán con registro de casa sin previo permiso de Juez de 1ª instancia de aquella Ciudad.

2° Que la sumaria no se instruyó como era debido por el dicho Juez sino por un Alcalde y no el primero sino el 2°, no estando impedidos ni aquel ni el Juez.

3° Que el Alcalde 2° fue aprehensor y no ha debido hacer de Juez.

4° Que aquí ha hecho de promotor fiscal un dependiente de la comisaria subalterna sin conocimiento de la legislación, sin fortuna ni propiedad que exige tan delicado oficio, pues le arrastrase siempre el interés, por la parte que le toca de los comisos.

5° Que el pedimento fiscal que ha presentado dicho promotor [Bonifacio Paniagua], se lo formó el español Don José Cuende, resentido injustamente conmigo, por circunstancia que no es del caso referir.71

Mientras en la capital Córdova apelaba la sentencia del comiso, en la ciudad de Comitán el administrador de alcabalas se resistía al envío de la mercancía. En una carta fechada el 2 de febrero, Macal aclaró al juez de distrito que faltaría a sus deberes si entregara los efectos decomisados, pues estos debían ser vendidos en esa administración de acuerdo con la ley del 31 de marzo de 1831; así como estaba estipulado que era su atribución nombrar a los peritos encargados de valuar los productos. Además, los derechos que debía pagar la carga embargada, una vez realizada la subasta, debían ingresar en las cajas de esa administración. Con este capital él tenía la responsabilidad de “cubrir una parte de las deudas que tiene sobre

71 Ibíd., f. 30.

sí”72 —entiéndase el fondo del banco de avío para la industria y la parte correspondiente a los aprehensores y al denunciante—, “de lo contrario ni habrá en lo sucesivo quien quiera poner denuncias ni quien me auxilie para aprehender los [contrabandos]”.73

El administrador afirmaba que le había costado mucho mantener seguro el cargamento, pues a los pocos días de la aprehensión el señor Narciso del Villar le ofreció una “gratificación considerable” para que permitiera extraer los cajones y sustituirlos por unos muebles de poco valor; lo mismo le insinuó el juez de primera instancia, Pedro Celis, un día después. Estas eran las “justas razones” por las que se negaba a enviar el cargamento a la ciudad de San Cristóbal.74 Con ello justificó su negativa a entregar los cajones y tercios a los soldados enviados desde la comandancia general, quienes regresaron a la capital con las manos vacías el día 6 de febrero.

Francisco Córdova nombró a Manuel Martínez como su representante en Comitán, emigrado de Centroamérica. Martínez envió una representación a la comisaría subalterna apoyando los argumentos de Córdova acerca de la grave situación en el país vecino. Los hermanos de Córdova se habían visto en la necesidad de mandar los efectos a Chiapas,

[…] no sólo por el Estado de aflicción en que se hallaban si no también, porque estaban muy bien mis efectos del asilo que la gran nación Mexicana ofrece en su carta fundamental y posteriores decretos a los extranjeros desgraciados y con particularidad a los Centroamericanos como de facto se nos ha franqueado por las supremas autoridades de esta república con la mayor generosidad, y al tamaño de nuestros malditos e injustos padecimientos cuyo asilo no debe entenderse sólo a las personas sino igualmente a las propiedades de estas que puedan ser trasportados al territorio Mexicano.75

72 Ibíd., f. 32v.

73 Ibíd.

74 Ibíd., f. 33.

75 Ibíd., f. 34v.

Hizo referencia a su caso y al de sus paisanos Manuel Beltranena y Saturnino Arzúa, todos comerciantes de Centro América, quienes encontrándose en las mismas circunstancias que los hermanos Córdova habían logrado que su cargamento fuera admitido en calidad de depósito en la ciudad de Comitán y en la villa de Tonalá, sin ser considerado comercio ilícito. Tras estos argumentos solicitó que se trasladaran los efectos a la capital, como estaba ordenado por el juez de distrito, o que, en caso contrario, se le notificara para aguardar la resolución en la ciudad fronteriza. Tanto él como Francisco Córdova, en una representación posterior, hacían referencia a la sospechosa decisión del administrador de la aduana fronteriza, Cirilo Macal, de negarse a enviar los efectos a la capital.

Cirilo Macal respondió a la acusación de Martínez, escandalizado por la manera en que este cuestionaba su manejo y desempeño de la aduana fronteriza. Desde su perspectiva, el empeño que tenía Martínez en que la carga fuera trasladada a la capital residía en el hecho de que en aquel lugar tendría más recursos para llevar a buen cursos sus “maquinaciones” de cometer un crimen, porque “estando ya legalmente declarado el comiso poco o nada debiera importarle que la carga estuviera aquí [en Comitán] o allá [en la capital], que resultare cabal o no, puesto que los interesados deben considerarla perdida”.76

A partir de esto el juez de distrito ordenó, el día 7 de febrero, que habiéndose reportado en el inventario de la carga decomisada varios efectos prohibidos, conforme a la ley del 31 de marzo de 1831, se debía pagar la multa equivalente a la quinta parte del valor de estos por parte del consignatario. En vista de la respuesta de José Demetrio León a la notificación de la sentencia, en el expediente, y del oficio presentado por José Francisco Córdova, quien se adjudicaba como consignatario, se le debía notificar al último: que, “sin nueva opinión ni objeción”, el administrador debía entregar la carga al arriero con el inventario, con conocimiento del

76 Copia del expediente civil sobre comiso de efectos contra Felipe León, 10 de enero de 1832, CCJ, Ramo Civil, Caja 3, Exp. 37, f. 43v.

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juez y de Manuel Martínez —apoderado del consignatario— “para evitar reclamos en lo subscrito contra el Administrador”. Cirilo Macal debía nombrar a tres peritos valuadores vecinos de la capital, quienes tendrían la tarea de valuar el cargamento. Esto se realizaría en conformidad con lo dispuesto en el auto definitorio, que sentenciaba la carga en pena de comiso.77

Un día después se le notificó la resolución del juez a José Francisco Córdova, quien afirmó que presentaría un escrito “interponiendo recurso de apelación de dicha sentencia”.78 Al tiempo, en la ciudad de Comitán, Manuel Martínez solicitaba al alcalde 2º del ayuntamiento, Gregorio Culebro, quien llevaba el caso, que solicitara a Cirilo Macal el traslado del cargamento a la capital. Hacía hincapié en lo sospechoso que resultaba su resistencia a cumplir la orden del juez de distrito, como lo había sido que desapareciera parte del flete “de la noche a la mañana”, mientras era resguardada en la aduana fronteriza —como podía verificarse al contrastar la factura enviada por el remitente con el inventario de las cajas y tercios aprehendidos—.79

En la capital, la comandancia general se había negado a enviar tropas nuevamente, a la ciudad de Comitán, para efectuar el traslado del cargamento embargado. Ante esta situación y con el conocimiento de que el juez de distrito, Manuel Dondé, solicitaría a Cirilo Macal remitir la carga sin escolta, quien tenía mil razones para que “la carga no salga de su poder”.80 José Francisco Córdova tomó la decisión de escribir una fuerte representación a Don-dé, el día 10 de febrero, en la que exigía que se trasladara “luego luego los efectos a esta Capital, sin más miramientos a un administrador que ya desobedeció”.81 Si no se accedía a su petición protestaba en su contra por “los daños y perjuicios, gastos y costos”

77 Ibíd., f. 40v.

78 Ibíd., f. 41v.

79 Ibíd., f. 45v.

80 Ibíd., f. 47v.

81 Ibíd.

que se ocasionaran.82 Asimismo, “usando de los remedios que las leyes me concedan, recuso a V.S. en toda forma” ,83 solicitando que pasara el juicio al suplente respectivo. Omitía expresar las causas de su recusación, pero si era preciso las diría “hasta por la imprenta”.84 Con este acto procesal, Córdova solicitaba el apartamiento de Manuel Dondé del proceso penal. Este recurso se utiliza dentro del derecho procesal cuando una de las partes implicadas considera que la imparcialidad del juez se encuentra en duda. En ese momento el juez de distrito aceptó la recusación y ordenó que se entregara el expediente al juez suplente.

Nueve días después Córdova informaba que tenía noticias de que el día 13 de febrero el cargamento seguía en la ciudad de Comitán, debido a que no se había presentado la escolta encargada de custodiarla en el camino. Solicitaba nuevamente que “en el allanamiento del administrador de aquella aduana o sin él la carga [se] haga venir inmediatamente” ,85 pues la posición de Macal no tenía fundamentos y estaba “dirigida por miras de interés particular suyo” .86 Si el juzgado deseaba que su representante Manuel Martínez trasladara el flete a la capital, él podía hacerlo bajo su responsabilidad, afianzando los días que este estuviera a cargo de su representante. Ahora bien, si el juzgado determinaba que se encargara de su traslado la escolta militar no se oponía en dicha medida, siempre y cuando los gastos no fueran a cuenta de su familia y se realizara con prontitud.

Solicitaba, también, que se le “franqueara” el expediente antes de que se determinara la certificación de su apelación, pues “yo no he sido oído ni citado en el juicio, a pesar de que según entiendo de la sumaria ya aparecía que yo era, como soy el verdadero consignatario, y tengo que promover en favor de los derechos

82 Ibíd.

83 Ibíd., f. 48.

84 Ibíd.

85 Ibíd., f. 52.

86 Ibíd..

de mi hermana”.87 Afirmaba tener claro que no era súbdito del estado mexicano, era un emigrado, pero “por el derecho de reciprocidad me parece que debo ser tratado en esta república como lo fueron en la mía los Excelentísimos Señores Generales Bravo y Barragán, los señores alcaldes Merino Niño de Rivera Palacios y todos los demás señores jefes y oficiales mexicanos”88 expatriados en Centro América durante el gobierno de Guadalupe Victoria, en los años de 1828 y 1829. Algunos de estos expatriados mexicanos “ocuparon” entonces el comercio de su país y, a pesar de hallarse éste en guerra con la capital sitiada,

Nada de esto impidió que nuestros ilustres huéspedes hicieran el giro que les convenía; de toda se prescindía, todo fue dispensada, en justo obsequio de los tres Mexicanos y ninguna autoridad del país penó o jamás su decomiso sus intereses, aunque introdujeran y extrajeran artículos cuyo tráfico era prohibido a los nacionales, porque sólo se trataba de auxiliar y servir, cuanto permitían las circunstancias o unos huéspedes que los Guatemaltecos nos gloriábamos de tener en nuestro país, y a los que hubiéramos querido poder obsequiar cuanto merecen y cuanto es debido a una nación hermana amiga y vecina.89

Por tanto, el proceso judicial de la mercancía de sus hermanos no era un caso común, ni tratarlos a él y a su familia como contrabandistas era correcto; ellos no eran comerciantes y nunca habían traficado mercancía a Chiapas, si lo habían hecho en esa ocasión había sido “más por seguridad que por especulación”.90 No era posible que las autoridades mexicanas quisieran enriquecerse con los “miserables restos de unos pobres guatemaltecos”, que se habían visto obligados a huir de su país a efecto de los trastornos políticos. Córdova aseguraba que “si el gobierno supremo general supiese lo que

87 Ibíd., f. 52v.

88 Ibíd., f. 53.

89 Ibíd., f. 53v.

90 Ibíd., f. 54v.

pasa, este asunto seria visto bajo otro aspecto y yo tratado muy de otro modo; expresas recomendaciones se ha dignado hacer aquella alta autoridad al gobierno y comandancia general del Estado en favor de los Centroamericanos asilados en Chiapas, y yo no dudo que esta protección se extendería a nuestros pobres intereses”.91

Para el día 25 del mismo mes, la mercancía había arribado, finalmente, a la capital del Estado. Ese mismo día, Córdova solicitó que se le permitiera revisar los cajones y los cuartos para cotejar el inventario y la factura para ver si estaba todo exacto y cabal. En caso contrario, haría “las reclamaciones oportunas por las faltas que resulten”92 contra los empleados de Comitán. Asimismo, solicitaba de nuevo que el juez Manuel Dondé, se separara “del conocimiento del asunto”93 y pasara las actuaciones al suplente respectivo.

A pesar de que Dondé había aceptado la recusación el día 10 de febrero, después de las dos solicitudes de Córdova la declaró “no ha lugar”. Una vez notificado de esa decisión, Córdova apelaba al tribunal superior respectivo y protestaba “nulidad de todo cuanto actuare y obrare el Señor Juez; y que también protesta contra el mismo Señor la responsabilidad por los daños perjuicios y gastos” ,94 pues la recusación ya había sido admitida.

Córdova entonces dirigió a este una representación en la que argumentaba que “viendo que indirectamente (como podrá decirlo la Comandancia General de las armas) V.S. participa en cierto modo las resistencias de los empleados de la aduana de Comitán a enviar el cargamento a esta capital”;95 de que tenía noticias privadas de las relaciones que él tenía en ese país, así como otras mil cosas, lo “convencieron de que mientras V.S. conozca de este asunto los intereses de mis hermanos serán sacrificados y sus derechos desatendidos, todo para satisfacer pasiones ajenas”.96 Ese mismo

91 Ibíd., f. 54.

92 Ibíd., f. 55v.

93 Ibíd., f. 56.

94 Ibíd.

95 Ibíd., f. 60.

96 Ibíd., fs. 60v-61.

día, 27 de febrero, él se había presentado en el juzgado a suplicarle que se separara del proceso y sin que él, Manuel Dondé, le diera una respuesta convincente reiteró su negativa a dejar de participar en el caso. Córdova indicó que de ser así se vería en la necesidad de utilizar la imprenta para hacer públicas las razones de la solicitud, esto exaltó al juez quien le indicó que, de hacer uso de ese recurso, “me iría mal en el asunto del cargamento y en algo más”.97 El recurso de recusación era un “remedio” que la ley le concedía, por tanto pedía que se sirviera “darse fin” separándose del juicio y dando los autos al suplente respectivo.

Asimismo, Córdova apeló, solicitando que se consultara al supremo gobierno sobre su causa y que se repusiera su causa por vía de restitución. En consideración de que no se había hecho la publicación de la aprehensión de los efectos98 y que el artículo 16 de la ley de 1823 preveía que el juez no podía declarar el comiso si se interponía algún reclamo de pérdida o calificación de la guía o factura, en cuyos “inicuos casos extraordinarios habrá lugar a juicio escrito sumarísimo”99 Bonifacio Paniagua, en su papel de promotor fiscal, ordenó que se realizara la reposición de la causa “al estado de prueba por vía de restitución y que vuelvan los autos para pedir la que corresponde acerca de la apelación interpuesta por el consignatario”.100 Al tiempo, este ratificó la solicitud de Córdova de recusación, ordenando al juez de distrito, Manuel Dondé, que se apartara del conocimiento del proceso. El primer suplente del juzgado era Francisco Esponda pero, por encontrarse este ausente de la ciudad debido a que se había marchado a sus haciendas, tomó el proceso el segundo suplente, José María Ortiz.

97 Ibíd., f. 61.

98 En caso de que no se tuviera conocimiento de quién era el dueño de la carga, las autoridades de la aduana estaban obligadas a colocar carteles en los lugares públicos solicitando que este se presentara para tomarle declaración.

99 Manuel Dublán y José María Lozano. Legislación Mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, (México: Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876).

100 Copia del expediente civil sobre comiso de efectos contra Felipe León, 10 de enero de 1832, CCJ, Ramo Civil, Caja 3, Exp. 37, f. 66v.

1

A pesar de la opinión del promotor fiscal, el juez de distrito accidental resolvió el 1 de marzo declarar “no ha lugar a la reposición de la causa al estado de pruebas por vía de restitución”.101 Córdova argumentó que estaba en derecho de solicitar la restitución porque los dueños de la carga eran los hijos de su hermana, huérfanos de padre y menores de edad, quienes por su condicióntenían privilegio. Él, como consignatario, no disputaba los derechos de la hacienda pública, pues esta “pierde nada con que los dueños recobren su propiedad”. Los que se iban a ver afectados, en tal caso, eran “los interesados entre quienes se habría de distribuir; en su caso el comiso deducidos los derechos nacionales”.102

Lo que se escondía detrás de las sentencias y actuaciones del juzgado de distrito era que Manuel Dondé “por complacer a ciertos enemigos míos de quienes tiene necesidad por motivos y con miras que ahora no es precisa exponer, se propuso perjudicarme en este negocio: este ha sido el objeto con que ha procedido y así es que voto a declarar el comiso y a todo lo que era en mi daño”.103 Si no era posible que se aceptara la restitución del cargamento a sus sobrinos menores, solicitaba que se le admitiera su recurso que le permitiría presentar pruebas. En caso de que este tampoco fuera admitido, entonces “me competo el recurso de nulidad”.104 Si el auto del juez Ortiz no era apelable era nulo, porque al no ser letrado el suplente estaba obligado a ser tutorado por un asesor fiscal letrado y éste había dictado el auto sin dicho acompañamiento. Por tanto, solicitaba que sirviera “reformar el expresado auto”.105

Así las cosas, el juzgado se vio en la necesidad de nombrar un asesor fiscal, lo que fue un arduo trabajo: Manuel José de Rojas no aceptó por su edad, Mariano Rojas estaba imposibilitado por tener a su cargo la primera y tercera sala del Tribunal Superior

101 Ibíd., f. 66v.

102 Ibíd., f. 73v.

103 Ibíd., f. 74v.

104 Ibíd., f. 75v.

105 Ibíd.

de Justicia; Francisco Guillén debía cuidar por los intereses de su familia; Carlos Castañón era español y por tanto estaba imposibilitado por la ley; Vicente Troncoso y Manuel Larrainzar no contaban con la edad que exigía la ley; Emeterio Pineda fue recusado por el promotor fiscal.106 El único letrado que estaba en posibilidades de fungir como asesor fiscal y aceptó fue José Mariano Coello, sin embargo, advirtió que por encontrarse enfermo de los ojos se tardaría más tiempo.

Veinte días después de que fuera entregado el expediente a Coello, el promotor fiscal Bonifacio Paniagua solicitó al juez Ortiz que se nombrara a otro asesor dada la tardanza de la revisión por parte de este. En defensa de la hacienda pública, aseguraba que el juicio de contrabando había “sufrido cabalmente demoras escandalosas que el que habla se ve ya en el caso de protestarlos y porque en ningún tiempo se diga que la morosidad ha estado de su parte inatención a las muchas y preferentes atenciones que le rodean al señor asesor nombrado”.107

Desde su punto de vista, esta escandalosa demora al único que podía favorecer era al contraventor; mientras tanto, la hacienda federal sufría “las vejaciones que le ocasiona el carecimiento de los justos derechos que le corresponden […] han debido cubrirse en efectivo sin esperar el resultado de tanto artículo inconducente que la malicia del interesado ha promovido”.108 ¿A qué se debía este reclamo? La respuesta es sencilla, una vez decretado un comiso y vendidos los efectos, el promotor fiscal recibía también un pago por sus servicios. Por lo que era de esperarse que Paniagua tuviera también interés en que este se efectuara. Ante este reclamo Córdova solicitó que se le otorgara más tiempo a Coello para su resolución o que fuera nombrado Manuel Larrainzar quien, como se indicó líneas atrás, estaba imposibilitado por su edad.

Ante esta situación, el día 4 de mayo Ortiz resolvió declarar “no haber lugar a la apelación interpuesta en el artículo de restitu

106 Ibíd., fs. 67v-68, fs. 76-77, f. 84.

107 Ibíd., f. 79.

108 Ibíd., f. 80v.

ción”.109 De inmediato Córdova notificó que, como había indicado en su representación “en el caso de que el recurso de apelación se quiera desestimar u otorgarse en solo sin efecto protesta desde ahora el recurso de nulidad, como proveído el artículo por Juez no letrado, sin dictamen de asesor”.110 Asimismo, recusaba a José María Ortiz; pedía fuera sustituido el promotor fiscal y solicitaba que el expediente fuera turnado al primer suplente del juzgado de distrito. El juez suplente contestó en el acto que él podía “darse por separado” del caso, pero que no podía sustituir al promotor fiscal. Antes de emitir una sentencia, Ortiz envió la representación al promotor fiscal para que este emitiera un juicio.

Paniagua afirmó que eran “escandalosos” los recursos de los que se valía Córdova “para eludir el justo fallo de comiso de aquellos efectos; extrañando ya, y con mucha razón en el público, la consideración que ha tenido a este contrabandista extranjero”,111 misma que no se había tenido con los ciudadanos mexicanos con quienes siempre se había obrado de acuerdo con las leyes. Afirmaba que él, el juez suplente, no debía aceptar la solicitud de recusación, pues en ésta se encerraba “una cantidad de despropósitos en que interpretando el interesado las leyes a sus antojos, solo trata de llevar al caso el entorpecimiento de este asunto”.112 Debió prohibir las cargas e “inconducentes notificaciones” de Córdova que repetían lo que había informado desde un inicio, “aglomerando insultos a todos los que no hacemos más que cumplir exactamente con nuestros deberes”.113

De acuerdo a la ley de 9 de octubre de 1812, el recurso de nulidad era improcedente al haberse apelado la sentencia definitoria, por tanto indicaba a Ortiz que se sirviera a decretar “la sentencia definitiva de comiso: mandar sacar a público subastar los efectos que contienen con las estaciones correspondientes: denegar el recurso de nulidad presentado, [enviar] los autos en su caso al tri

109 Ibíd., f. 84.

110 Ibíd., f. 84v.

111 Ibíd., f. 88.

112 Ibíd., f. 90.

113 Ibíd.

bunal de circuito para el de apelación en lo principal, y prohibir para lo [subsecuente] la admisión de nuevos artículos y las inconducentes contestaciones al tiempo de notificar los proveídos”.114 Inmediatamente, Ortiz decretó “no ha lugar a la recusación según lo dispuesto en el artículo quinto de la ley de 20 de mayo de ochocientos veinte y seis y orden de once de septiembre de ochocientos treinta: ni a los recursos de apelación y nulidad interpuestos”.115

Córdova apeló el que Ortiz no se diera por recusado del juicio, así como por nulidad la actuación y obra del juez, por no haber obrado con acompañamiento de un asesor fiscal, de acuerdo a las leyes. Solicitaba, además, que se le escuchara verbalmente en el juzgado antes de determinar la sentencia de comiso, “protestando nulidad si se resuelve sin esta previa verbal audiencia”.116

El día 18 de mayo, Córdova envió un oficio al juez suplente en el que afirmaba que este se había negado a todas sus solicitudes, que no podían ser todas “injustas e ilegales”, y había actuado sin asesorarse, violando la ley. Por tanto, debió recusarse y no lo había hecho, “acreditando con esto, que tiene empeño en conocer del asunto. En una palabra, se han cometido, en mi daño conocidas infracciones de ley y aun de su artículo constitucional”. En ese momento sopesaba que, si “el Señor Juez propietario no me ha de ser menos adverso, siquiera me queda la esperanza de que tiene algo más con que responder”.117 Por lo que declaraba que dejaba nuevamente expedito al juez propietario del distrito para intervenir en el proceso judicial y suplicaba a Ortiz le entregara los autos a éste.

Sin tener conocimiento del oficio anterior, un día después José María Ortiz resolvió decretar por consejo del promotor fiscal, que se ejecutara la sentencia del 27 de enero en que se habían declarados caídos en comiso los efectos pertenecientes a la hermana de José Francisco Córdova, para que se procediera a su venta y distribución entre los partícipes de la aprehensión. Ordenó remitir

114 Ibíd.

115 Ibíd.

116 Ibíd., f. 91v.

117 Ibíd., f. 98v.

los autos originales al tribunal de circuito residente en Yucatán, mientras tanto se condenaba al consignatario al pago de todas las costas judiciales “desde la recusación del juez propietario”.118

Esta sentencia no se verificó por la aceptación de la solicitud de Córdova de restituir al juez propietario en el proceso judicial. Para su mala fortuna, Manuel Dondé se excusó por encontrarse enfermo e indispuesto dejando a cargo a José María Ortiz, quien dispuso que se efectuara su sentencia del día 19 de mayo. Procedió al avalúo de la mercancía —cuyo valor ascendía a los 2803 pesos 5 reales y 6 granos— y convocó públicamente al remate de ésta, que tuvo lugar el día 29 del mismo mes. Los efectos fueron adquiridos por el exgobernador José Diego Lara, quien pagó por ellos 3.129 pesos.

Al tener conocimiento del monto adquirido por el juzgado en la subasta, el gobernador y comandante general del estado, José Ignacio Gutiérrez, solicitó al juez suplente —a través del comisario general de rentas Manuel de Jesús Zepeda— que le fueran entregados dichos recursos como préstamo para el mantenimiento de sus tropas, esto debido a que las arcas federales se encontraban vacías y que esta situación había provocado “el disgusto y exasperación que es natural por tan extremada [situación] en que carece de relaciones y recursos y no es fácil calentar las consecuencias de situación tan triste: esta comandancia general redobla su celo y hará que redoblen el suyo todos los Jefes y oficiales; pero con más tropa hambrienta y reducida a una escases tan completa, yo no puedo responder del orden y de la tranquilidad”.119 El monto sería restituido al juzgado cuando llegara desde Tabasco el financiamiento de la tropa.

Ortiz se excusó con el gobernador, asegurando que no estaba facultado para disponer del dinero del comiso y para ingresarlo en las arcas de la comisaría para el auxilio de la milicia. Acto seguido, el juez suplente recibió un oficio del secretario de gobierno, Emeterio Pineda, quien le notificó que el poder ejecutivo

118 Ibíd., fs. 97v-98.

119 Ibíd., f. 111v.

estatal estaba enterado de que se encontraba ejerciendo el papel de juez de distrito “sin haber prestado el juramento que previene el artículo 163 de la constitución federal el, 126 de la del Estado y otras muchas leyes que lo prescriben para todo el que ha de ejercer jurisdicción aun en casos particulares”.120 Por tanto, el gobierno le informaba que estaba ejerciendo ilegalmente la jurisdicción a su cargo y que a partir de ese momento estaba inhabilitado.

Esto arrojó una luz en el oscuro camino de José Francisco Córdova, a partir de ello notificó al juez accidental estar enterado de su situación; por tanto, los autos decretados y lo actuado por su persona sobre el cargamento era “nulo”. Solicitó entonces “1° que la causa se reponga al estado que tenía cuando V. comenzó a conocer en ella. – 2° que si esto no puede hacerse en el Juzgado de 1ª Instancia se dé cuenta al tribunal superior respectivo. – 3° que entre tanto se suspenda todo procedimiento. – 4° que se tenga por no hecho el remate de los efectos”.121 Insistió en que Ortiz se recusara del juicio y entregara el expediente al primer suplente.

Desafortunadamente, el primer suplente del juzgado se encontraba indispuesto y Córdova se vio en la necesidad de recurrir al juez Manuel Dondé para que retomara el caso. Este, ni tardo ni perezoso, procedió a la entrega de los efectos a José Diego Lara y al cobro del remate para que se realizara la distribución de los recursos entre la hacienda pública y los aprehensores. Córdova, evidentemente apeló e interpuso recurso de nulidad, pero no pudo detener el curso del juicio.

De los 3.129 pesos que se recaudaron en la subasta al juez de distrito se le pagaron 21 pesos 2 reales, al primer juez suplente 8 pesos, al alcalde segundo de Comitán 66 pesos, al juez accidental Juan María Ortiz 166, de los cuales 66 debían ser pagados por Córdova —a lo que este se negó—. A la hacienda pública se pagaron 1.223 pesos y 7 reales y quedó para la distribución del comiso