Opinión | Derecho • John Rawls y sus ideas sobre justicia. • El T-MEC, la Reforma del nuevo sistema Laboral. • Procedimiento de Conciliación e Indemnización. Opinión | RI • ¿Fin de la Iniciativa Mérida? • La caída de la Iniciativa Mérida. • Revalorando a la CNDH. Proyecto Destacado • Gran Final: Champions Lic.Año 2 / Núm. 2 / Enero-Junio 2022Celebrando los #60añosCoordinación de Impulso y Vida EstudiantilCelebra con nosotros los 60 años de la Universidad y conoce el logotipo oficial del aniversario.Entra al sitio web y descubre todas las actividades que tenemos para ti.¿Quiénes somos? La Coordinación de Impuslo y Vida Estudiantil (CIVE) promueve el desarrollo de estilos de vida saludable y el fortalecimiento de habilidades para la vida, integra una red de acompañamiento y apoyo que promueve el fortalecimiento de la vida universitaria. ¿Qué ofrecemos? El CIVE ofrece distintos tipos de orientación como: Orientación Educativa. Orientación Vocacional. Orientación Nutricional. Proyectos de Desarrollo Estudiantil. Servicio Médico y Enfermeria. Servicios al estudiante y residencias universitarias.Contacto Da clic para más informaciónLaSallemx/CIVETeléfonos 5278 9500 Exts. 4501 45022 3Administrativos Rector Lic. José Francisco Flores Gamio Director de Administración C.P. Alejandro Torres González Vicerrector Académico Mtro. Jorge Manuel Iturbe Bermejo Vicerrector de Bienestar y Formación Lic. Roberto Medina Luna Anaya Vicerrectoria de Investigación Dr. Eduardo Gómez Ramírez Director Mtro. José Luis Cárdenas Fernández Secretario Académico Mtro. Rafael Ricardo Soler Suastegui Coordinador Administrativo Lic. Víctor Manuel Muñoz Cervantes Jefa de la Carrera de Derecho Lic. Gabriela Orihuela Narváez Jefe de la Carrera de Relaciones Internacionales Dra. Isis Monserrat Guerrero Moreno Jefe de Posgrado y Doctorado Dr. Oscar Javier Apaez Pineda Jefa de Eventos Académicos, Vinculación y Publicaciones Mtra. María del Carmen Cobos Goya Jefa de Atención a Estudiantes de Licenciaturas Mtra. Teresa Martínez Pérez Jefa de Actualización Académica y Diplomados Dra. Victoria Alva Lugo Coordinador Académico de la Maestría en Gobernanza y Estrategia Internacional Mtro. Mauricio A. Estevez Daniel Gestión Escolar Laura Velázquez Murillo Secretaria Sandra Abigail Aguilar RugerioDerecho | John Rawls y sus ideas sobre la justicia 6 Derecho | El T-MEC, la Reforma del nuevo sistema Laboral y el Teletrabajo 8 Derecho | Procedimiento de Conciliación e Indemnización 14 Proyecto Destacado 17 Semblanza Derecho | Andrés Aguilera 20 Semblanza Derecho | Bernardino E. Martínez 21 Semblanza RI | Marcela Mijares 22 Semblanza RI | Romina Clamont 23 RI | ¿FIN de la iniciativa Mérida? 24 RI | La caída de la Iniciativa Mérida y un nuevo horizonte 26 RI | Revalorando a la CNDH: un puente sobre aguas turbulentas 28 Recomendación literaria 30 Ligas de interés 31 Convocatoria Champions Lic. 32 Redes sociales 33Editora en Jefe María del Carmen Cobos Goya Editora Adjunta Alejandra Verónica González Anaya Webmaster María del Carmen Cobos Goya Área de diseño digital Alberto Fonseca Contreras Javier Antonio Gonzalez Saenz Articulistas invitados Alberto Cerón Ledesma Carlos Armando Carranza Madrigal Guadalupe Peña González Humberto Daniel Sánchez Martínez Luis Enrique Puga Nicéforo Guerrero Espinosa Consejo Editorial Rafael Soler Suastegui Mauricio Alonso Estevez Daniel5ÍndiceRevista Ágora, año 2, núm.2, enero a junio de 2022, es una publicación digital semestral editada por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. De las opiniones sustentadas en esta Revista responden exclusivamente sus autores. El hecho de su publicación no implica de ninguna manera que la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle o esta Revista compartan o hagan suyos sus contenidos. Los editores de Ágora agradecen el acompañamiento, supervisión y revisión de esta revista a las Maestras Elsa Villar Rodríguez y Cecilia Vallejos Parás, así como al Maestro Francisco Javier Echavarría Meneses, docentes adscritos a FAMADYC. Benjamín Franklin No. 45 Col. Condesa. C. P. 06140. Alcaldía. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 800 LA SALLE (5272553) +(52) 55 5278 9500 lasalle.mx4John Rawls y sus ideas sobre la justicia Por: Nicéforo Guerrero EspinosaA manera de conclusión: El tema de justicia como equidad planteado por Rawls fue una teoría ideal puramente procedimental donde no se toma como sustento las cuestiones metafísicas, sino se pretende llegar a consensos entre ciudadanos cooperadores en democracia con igualdad de oportunidades para equilibrar posturas y así vivir en equidad. En tanto Dworkin funda las críticas en la ausencia de fundamento metafísico de Rawls. Ambos pensadores concuerdan en la idea del contrato imaginario para razonar sobre la justicia.Así mismo, la Teoría de la Justicia busca la reformulación del contrato social a un nivel más profundo, ofreciendo una mejor idea de justicia al sostener que: “La justicia como imparcialidad comienza, como he dicho, con una de las elecciones más generales que una persona puede hacer en común, esto es, con la elección de los primeros principios de una concepción de justicia que habrá de regular toda la crítica y reforma subsecuente de las instituciones.” De esta manera, la sociedad es quién elige los principios que dan sustento aara entender mejor la obra de John Rawls, considero necesario comprender su tiempo y su contexto, ya que algunos de los sucesos de la vida, pueden marcar la experiencia personal de manera contundente. La vida de dicho autor transcurrió entre el año de su nacimiento en 1921 alde su muerte en el 2002. De esta manera, es importante resaltar sus vivencias, como señala el Dr. Luis Guerrero Martínez: “Durante la Segunda Guerra Mundial ingresó al ejército de los Estados Unidos, sirviendo como infante en el Pacífico, en Nueva Guinea, Filipinas y Japón, donde presenció las consecuencias del bombardeo y destrucción de Hiroshima. Ante estas experiencias su interés juvenil de encaminarse al sacerdocio se transformó en una pérdida de fe en las creencias cristianas. Después de la guerra rechazó un ofrecimiento para ser promovido a oficial del ejército. Su experiencia motivó que en los años sesenta, durante la invasión de Estados Unidos en Vietnam, Rawls criticara la forma de proceder de la política exterior del gobierno, calificándola de guerra injusta. Rawls regresó a Princeton para realizar su doctorado en filosofía moral.” Como refiere el Dr. Guerrero, la tesis doctoral llevó por título: “Un estudio en los campos del conocimiento moral, en donde aborda los juicios de valor sobre el carácter”. Seguramente, al presenciar la destrucción y muerte de muchos japoneses, se encontró frente al dolor, la angustia, la impotencia, la desesperación, en una palabra la injusticia evidente. Todo ello llevó a Rawls a cuestionar el sentido de justicia, criticó al Estado y planteó una nueva hipótesis al crear la teoría de justicia como equidad. A partir de entonces, su vida estuvo dedicada a la investigación y a la docencia. Así, el estudio de John Rawls se convierte en un referente importante en la filosofía del siglo XX. Su obra Teoría de la Justicia, ha sido uno de los trabajos más discutidos en el ámbito de la filosofía moral y de la teoría del derecho debido a sus postulados. La Teoría de la Justicia es una síntesis de los artículos elaborados en los años cincuenta, los cuales provocaron en el mundo jurídico anglosajón infinidad de críticas y polémicas. Parte de lo que señala este pensador de la corriente utilitarista, es que por muy organizadas que sean las instituciones y las leyes; éstas deben de ser reformadas o abolidas si son injustas. Entonces, la justicia es concebida como imparcialidad. De esta forma Rawls desarrolla conceptos que pretenden explicar y revivir la teoría del contrato social, replanteando al utilitarismo y reconstruyendo un procedimiento imaginario, donde el pensador persigue que la sociedad por medio de la justicia como equidad, logre acuerdos mínimos para mantener el orden de una estructura social.una estructura social base, y ésta se encuentra sustentada en principios democráticos, lo que permiten generar consensos en la pluralidad. Para Rawls, todo hombre goza de derechos fundamentales que son inviolables y tienen su fundamento en la justicia; además, es conforme a ella, como se deben arreglar los conflictos de intereses que surgen en toda sociedad. Así, para John Rawls la justicia como equidad inicia en la justicia doméstica, y permite la conformación de una estructura básica, misma que la define como: “El modo en que las principales instituciones políticas y sociales de la sociedad encajan en un sistema de cooperación social, y el modo en que se asignan derechos y deberes básicos y regulan la división de las ventanas que surgen de la cooperación social a lo largo del tiempo.” De esta manera, se requiere de la cooperación social, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos mínimos entre sus integrantes y de esta forma, mantener el orden de la estructura básica que el pensador establece en los principios cardinales de su teoría. Así, la justicia como equidad queda sustentada en dos principios o propiedades: El primero, lo que cada quien acepta y además sabe que los otros reconocen los mismos principios de justicia. En este sentido, se puede decir que el principio de justicia equitativa se alcanza al dar a cada uno lo que corresponde. El segundo establece que las instituciones básicas permitan que los principios citados se cumplan, con ello se procura garantizar la justicia social facilitando espacios de equidad entre los ciudadanos. La Teoría de Rawls pretende equilibrar las desigualdades y juzgarlas desde el punto de vista del menos favorecido, para generar oportunidades al lograr una redistribución de la riqueza beneficiando a los más pobres. Dentro de su teoría, Rawls asienta que es importante forjar un equilibrio reflexivo que permita que las partes en un conflicto logren generar acuerdos para una justicia equitativa.Es verdad que el contenido de lo justo es realmente relativo, porque los distintos tipos de vista de lo que puede ser justo depende directamente del enfoque desde donde se vea, es decir lo que para una persona o un grupo de personas es justo para otros podría ser injusto, en tal o cual medida; los factores que intervienen para hacer los juicios dependen directamente de elementos como el tiempo, cultura, tradiciones, entre otros. Sin embargo, lo que siempre será es la verdad de ahí que ésta sea la medida de lo justo, que va a depender directamente de las relaciones específicas que se dan en la realidad independientemente del conocimiento. El hombre no puede desarrollarse aislado, para poder dignificarse es necesario darse a los demás, en el entendido que las virtudes no son natas al ser humano como tal, de que es el amor propio lo que realiza la integración de la personalidad, entendiendo que dentro del conglomerado social las personas que lo integran poseen diferente desarrollo de la misma y por ello muestran diferentes grados de amor. Con el sentido ético de Dworkin, Cohen plantea: “La justicia humana sigue siendo una obra imperfecta. El que quiera justicia que recurra a Dios”.Nicéforo Guerrero Espinosa es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Maestro en Terapia Familiar por el Instituto de Terapia Familiar CENCALLI y Maestro en Derecho Familiar Facultad de Derecho Barra Nacional de Abogados A.C. Cuenta con doctorado en Filosofía del Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, Titulación en trámite y doctorado en Ciencias de la Familia. Instituto de Enlaces Educativo. Tesis en trámite. Cursó el Diplomado Universitario en Contratos (Universidad Iberoamericana), junto con el diplomado en Administración Estratégica (Universidad Anáhuac). Master y Practicioner en Programación Neurolingüística y Diseño Humano Neurolingüística (Centro Mexicano de Excelencia Humana Creativa), y realizó el Curso de Mediación Familiar en el Instituto de Estudios Judiciales Primera generación. Experiencia docente: En el Tribunal Superior de Justicia se ha desempeñado como maestro en el curso de preparación al cargo de Secretario Conciliador en materia Familiar en los Módulos Resolución de Conflictos y Habilidades del Conciliador, en el Instituto de Terapia Familiar “CENCALLI” impartió clases en el Diplomado en Violencia Domestica. Docente de la materia de Lógica y Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle por más de 15 años. Profesor de Derecho Canónico en la Facultad de Humanidades de la Universidad La Salle y Docente de la Facultad de Derecho Universidad Anáhuac desde el 2012.6 7El T-MEC, la Reforma del nuevo sistema Laboral y el Teletrabajo Por: Humberto Daniel Sánchez Martínez Artículo enviado el 5 de Noviembre del 2021, antes de la reforma. Debido a los avances que presentó la negociación del T-MEC, los legisladores mexicanos se vieron obligados a elaborar una re-forma estructural a la longeva Ley Federal del Trabajo, teniendo como resultado la obligación de cubrir bajo la tutela del T-MEC los principios que rigen el derecho laboral, tales como: libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación de trabajo for-zoso u obligatorio, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como la abolición del trabajo infantil y protecciones laborales para niños y menores.| En la rama Derecho Administrativo y Civil (Multimateria) | •Litigio en materia civil y administrativo, elaboración de cada uno de los escritos relacionados con la materia, (Contestaciones de demanda, Pruebas, Promociones, Amparos, Incidentes, Alegatos). •Funciones administrativas; actualización, control y manejo de la base de datos y sistemas internos de la empresa. •Procedimientos de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado.|En la rama Derecho Laboral | •Litigio en materia laboral; comparecencia a las audiencias en todas sus etapas del viejo y nuevo sistema con la reforma laboral implementada a partir del 18 de noviembre del 2020 (Conciliación, Demanda, Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, Incidente de Liquidación), elaboración de todos y cada uno de los escritos relacionados con la materia (Contestaciones, Pruebas, Promociones, Amparos, Incidentes, Alegatos). •Comparecencia y elaboración de convenios fuera de juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Comparecencia y elaboración de convenios fuera de juicio ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de la Federación. •Funciones administrativas; actualización, control y manejo de la base de datos y sistemas jurídicos internos de la empresa. | En la rama Derecho Administrativo y Civil (Multimateria) | •Guardias de fines de semana para la presentación de las denuncias por toma clandestina hermética y no herméticas. •Comparecencias ante la FGR, para los efectos de integración de denuncias y seguimiento de diversas carpetas de investigación.8 9El Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), es la actualización del Tratado de Libre Comercio entre los tres países norteamericanos, que estuvo vigente por más de veinte años. Dentro de sus avances y particularidades de esta actualización, destacan la inclusión de capitulos específicos de temas como: comercio digital, combate a la corrupción, asuntos ambientales y asuntos en materia laboral, con la puesta en marcha del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en adelante (MLRR). No hay que perder de vista que el T-MEC no es un documento aislado que únicamente guarda un par de obligaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, sino que es un documento que abarca todo un sistema y que trae aparejada coercibilidad para el hacer y no hacer de cada una de las partes. Uno de los planteamientos de dicho sistema es el que involucra la materia laboral, que a su vez, prevé un ecosistema con específicamente 3 mecanismos para asegurar la eficacia en la vigilancia a las diversas empresas productoras que formen parte de él, a fin de asegurar que no obtengan una ventaja competitiva, mermando sus diversas obligaciones laborales. En este trabajo se analizará en el mecanismo, es el de “Respuesta Rápida” en materia laboral, el cual tiene particularidades que impactarán directamente el futuro de las relaciones laborales en México. ¿Qué son los paneles de respuesta rápida MLRR? Tomando en cuenta que es necesaria la prevención de futuras disputas entre los estados parte del T-MEC, el capítulo 23 establece el contemplar un “mecanismo de respuesta rápida” (MLRR), para hacer frente a posibles problemas de manera eficaz. Es decir, se requiere de una efectiva coordinación entre el Gobierno de México, empresarios y sindicatos, a efecto de poder otorgar una respuesta pronta, sólida y contundente que permita acreditar el cumplimiento real de los compromisos laborales en el centro de trabajo o, en el peor de los casos, hacer el resarcimiento de los daños provocados por la denegación de los derechos que lo motivó. El MLRR es una herramienta que permite “tomar medidas”, ante la falta de cumplimiento de la legislación laboral mexicana ratificada en el acuerdo, en las diversas empresas, centros de trabajo o plantas establecidas en suelo mexicano. De esta manera, Estados Unidos o Canadá, se encuentran facultados para poder llevar a cabo una especie de inspecciones, derivadas de una denegación de derechos. Al respecto, existen procesos internos de las partes reclamantes las cuales se inician con una queja, la cual se presenta ante el gobierno de Estados Unidosy/o Canadá, los cuales determinarán si dichas quejas contienen los presupuestos mínimos para la existencia de vulneración o denegación de los derechos por algún centro de trabajo. En el supuesto de que exista tal vulneración, estos dos gobiernos se han impuesto un plazo de treinta días para determinar si la queja es admisible y, en consecuencia, presentar formalmente al Gobierno de México una solicitud para revisar el caso que la motivó. Después de esta notificación, México tendrá un plazo de cuarenta y cinco días para determinar si existe o no una denegación de derechos y en su caso proponer una reparación del daño. Es importante mencionar que siendo el Estado Mexicano el que se encuentra realizando modificaciones y ajustes en materia laboral, a fin de avanzar y equiparar las leyes con las de Estados Unidos y Canadá, son estos últimos dos, los que tienen la facultad de vigilancia de que dichos acuerdos se cumplan. Esto sin menospreciar el hecho de que México también puede llevar a cabo revisiones, pero de una manera mucho más limitada. Otro elemento fundamental son las sanciones, que, al ser de índole comercial, son fincadas directamente contra la empresa o su dueño; y no contra el Estado, como se podría pensar. Las penalizaciones pueden ir desde la suspensión de tratamientos arancelarios, hasta la prohibición de importaciones de los bienes que produzcan. Para nuestro país, los sectores aeroespaciales, automotriz y de autopartes, son los que potencialmente serán los más vulnerables ante este tipo de medidas. El último elemento a destacar, es el tiempo que se traduce en “rapidez”, ya que en un lapso de aproximadamente de 85 días, se debe tener una resolución, lo cual es bastante atractivo si se compara con la burocracia dura de las autoridades mexicanas en materia laboral. El Proceso Se inicia con la interposición de una queja, basada en una supuesta denegación a los derechos de libertad, democracia sindical y negociación colectiva, únicamente. Dicha queja es presentada bajo el principio de “buena fe”. La autoridad competente, que en el caso de México es la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, es notificada vía la Secretaría de Economía, como la máxima responsable de la vigilancia e implementación de los acuerdos comerciales que suscribe México, y tendrá 10 días para allegarse de la información suficiente y referente del caso que se ocupe, instalar la mesa de análisis y medidas de reparación, misma que contará con la presencia de:- La Secretaría de Economía - La Secretaría del Trabajo y Previsión Social - La Autoridad Competente - Representantes de cámaras comerciales, sindicatos y la empresa en cuestión. Los integrantes de la mesa tendrán que emitir una opinión consultiva en el término de cinco días (naturales) y, si es necesario, emitir también un acuerdo reparatorio. A su vez, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitirá un informe y la Secretaría de Economía, lo presentará a la parte quejosa. En caso de que se demuestre una efectiva denegación de derechos, se tendrá que presentar la parte quejosa y la representación mexicana integrada por la mesa de análisis y sus respectivas partes interesadas; teniendo como resultado cualquiera de las siguientes opciones: 1. Se acepta el acuerdo de reparación y se implementa satisfactoriamente. 2. No hay acuerdo de reparación y se solicita al panel que determine sobre la supuesta denegación de derechos. 3. Se acepta el acuerdo de reparación, sin embargo, se lleva a cabo fuera de tiempo o sin éxito. En el supuesto de que no exista acuerdo reparatorio, la quejosa podrá notificar por escrito, la pretensión de imponer sanciones comerciales y a su vez, la parte demandada podrá solicitar que sea el panel quien determine si la denegación de derechos no se ha erradicado. Este mecanismo únicamente tiene competencia para conocer de once industrias: 1. Productos y componentes aeroespaciales 2. Autos y Autopartes 3. Productos Cosméticos 4. Mercancías Industriales Horneadas 5. Acero y Aluminio 6. Vidrio 7. Cerámica 8. Plástico 9. Cemento 10. Minería 11. Centros de Llamadas ¿Cómo influyó esto en la Reforma Laboral? El T-MEC, tuvo un gran impacto en nuestro sistema jurídico laboral mexicano, ya que se realizaron cambios principalmente adjetivos, ya que se refleja desde quien imparte justicia al crear Tribunales Laborales Especializados dependientes del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de noviembre del dos mil veinte, provocando que el juicio laboral realmente sea sumario, atendiendo a los principios de justicia pronta y expedita, celeridad, veracidad y sencillez procesal. En ese mismo orden de ideas y parte de esta transformación adjetiva, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que es un organismo público descentralizado sectorizado por la STPS, con personalidad jurídica y patrimonio propio, velando, principalmente, porque se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de procesos libres y democráticos. Sin embargo la tarea material de este centro, es hacer que se agote el principio de definitividad que consiste en la obligación del interesado de agotar la etapa de conciliación, esto se traduce en presentar ya sea por correo electrónico, por comparecencia personal o bien por escrito debidamente firmado, la solicitud de conciliación, dicha etapa no podrá exceder de los cuarenta y cinco días naturales. Esta etapa suspende el término de prescripción que enuncia el artículo 518 de la LFT para la presentación de la demanda, así mismo se puede concluir de dos maneras: i) Con convenio conciliatorio, el cual se elevará y adquiere la condición de cosa juzgada, es decir que tendrá la calidad de título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación por lo que se podrá solicitar su ejecución de sentencia que establece la Ley Federal del Trabajo; ii) En caso de la no conciliación, se emitirá una constancia de no conciliación, que es el documento por virtud del cual la autoridad conciliatoria establece que se agotó la instancia de conciliación prejudicial, toda vez que los interesados no llegaron a un acuerdo, por lo que una vez entregada esta constancia, los interesados podrán acreditar tal cuestión ante los Tribunales Laborales para poder judicializar el asunto. ¿En qué casos no se agota la conciliación? El artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, establece excepciones para agotar esta instancia conciliadora prejudicial en los siguientes supuestos: • Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo. • Designación de beneficiarios por muerte (post-mortem). • Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, prestaciones en especie. • Libertad de asociación, trabajo laboral forzoso y obligatorio, trabajo infantil. • Disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley. • Impugnación de estatutos de los sindicatos o su modificación. En estos casos el interesado-trabajador puede acudir de manera directa ante el Tribunal Laboral a presentar la demanda correspondiente.10 11Principales Cambios En Los Procedimientos Radicados Ante La Junta Y Ahora Ante Un Órgano Jurisdiccional El cambio es trascendental, en los juicios radicados y tramitados ante las Juntas, existía la opción de poder llegar a diferir principalmente la audiencia de demanda y excepciones principalmente por pláticas conciliatorias o cualquier otra artimaña para dilatar el procedimiento como llamar a un tercero interesado y después desistirse del mismo provocando que existiera un rezago de juicios incluso por más de quince años, ahora con el nuevo procedimiento laboral no se podrá hacer este tipo de dilaciones, ya que el nuevo procedimiento laboral, estipula una contestación por escrito en un término de 15 días en el procedimiento ordinario y 10 días para el procedimiento especial, así mismo las réplicas y contraréplicas del procedimiento también se realizaran por escrito, por lo que ya no prevalecerá el sistema oral como anteriormente predominaba en el juicio laboral. Otro cambio trascendental en la judicialización de los asuntos laborales, es que ahora en ambos procedimientos, tanto en el juicio ordinario como en el juicio especial, se deben presentar las pruebas con el escrito inicial de demanda o en su caso con la contestación, en el viejo sistema existía la alternativa de llegar a dictar las pruebas de viva voz o llamar a un tercer interesado a juicio antes de la celebración de la audiencia, lo que de igual manera, provocaba la dilación del procedimiento, en razón de esto, se vuelve más eficaz el procedimiento laboral con el nuevo sistema. Por último, en estos procedimientos, aún se contempla la fase de oralidad, existiendo una audiencia preliminar, que depura el procedimiento y resuelve excepciones dilatorias, admite y desecha pruebas, finalizando con citar a audiencia de juicio, en la cual se desahogan pruebas, se hacen alegatos, se certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y se dicta sentencia. ¿En qué estados ya aplicó la reforma laboral? Cabe señalar que esta reforma aún no aplica para toda la República Mexicana y existen ocho estados precursores de la implementación de la Reforma Laboral, los cuales, a partir del 18 de noviembre, cerraron su oficialía de partes para darle entrada al nuevo sistema, estos estados son: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo. El Teletrabajo El lunes 11 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo, esto en razón de evitar la propagación de la pandemia consecuencia del virus SARS-CoV-2 COVID 19. Citando a uno de mis mentores y amigos, el Maestro Mario Rebolledo, socio en Cervantes Nieto, Rebolledo y Abogados, en su libro “Implicaciones Laborales del Teletrabajo”, indica que el teletrabajo es una figura que no había sido regulada. La palabra teletrabajo proviene de la palabra griega tele que significa lejos y trabajo que significa realizar una labor física o intelectual que requiere esfuerzo; sin embargo esta actividad requiere una especial protección por ser objeto de trabajo humano, estableciendo su fundamentación en los principios del Derecho Laboral, y requiere salvaguardar la dignidad del trabajador así como su seguridad jurídica. Al respecto, no fue sino hasta la reforma laboral del 12 de noviembre del 2012, en donde se integró a la LFT el trabajo a distancia. En el capítulo XII del título VI, de “Trabajos Especiales” el trabajo a domicilio, el cual hoy en día está citado en el artículo 311.“Art. 311 de la Ley Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.” Sin embargo, en el trabajo a domicilio no existe una supervisión, ni vigilancia real y efectiva por parte del patrón, lo que implica que el trabajador realizará sus actividades a su más completo arbitrio, así mismo el artículo 313 de la LFT define como trabajador a domicilio aquella persona que trabaja personalmente o con la ayuda del miembro de su familia para el patrón, es decir, en este punto no se puede pensar en otra cosa, que no sea en un desempeño o trabajo de maquila. Entre otras cosas, el trabajo a domicilio cuenta con una serie de requisitos, como lo es principalmente la inscripción por parte de los patrones en el Registro de Patones de Trabajo a Domicilio. Por lo tanto, tan solo en estos puntos, podemos encontrar algunas diferencias con el trabajo a domicilio y el teletrabajo, ya que en este último existe la vigilancia y supervisión del patrón. ¿Entonces hay diferencias entre el Teletrabajo y el Trabajo a domicilio? Si, ambos conceptos son completamente diferentes y no pueden confundirse uno con el otro, en virtud de que en el primero se puede desempeñar personalmente o con ayuda de miembros de su familia como lo marcan los artículos 311 y 313 de la LFT sin que tenga que estar bajo la observación del proceso por parte del trabajador, eligiendo el trabajador el hogar de su elección; y en el último (teletrabajo) sólo puede desempeñarse por el propio trabajador y es supervisado por el patrón bajo cualquier medio permitido, ya sea por algún control de cualquier plataforma o por trabajos entregables en un cierto periodo de tiempo, teniendo como ventaja principal en el teletrabajo la flexibilidad en la jornada laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el teletrabajo como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y como la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación.En términos amplios podemos pensar que el teletrabajo se ha convertido en una sucesión de reuniones vía Zoom, GoogleMeet, Jitsi Meet, Teleconferencias telmex, webex, de Proyectos y Discusiones. “El teletrabajo es una de las más recientes transformaciones de la concepción del trabajo, surge del pensamiento de flexibilidad laboral e incorpora los avances de las tic a la necesidad imperiosa de ser más competitivos y productivos”. El teletrabajo es una forma de trabajar que cumple con tres condiciones: 1. El lugar de trabajo debe tener una ubicación distinta de la sede de la compañía, pudiera estar en el domicilio del trabajador o en un entorno próximo a él. 2. La segunda condición es que se utilizan las plataformas de comunicación. Esta característica restringe más la definición de teletrabajo, indicando claramente que el trabajo manual o a destajo no debe considerarse como teletrabajo, aun cuando este se realice en el domicilio del trabajador. 3. La realización del trabajo a distancia es un elemento esencial para la vida del trabajador, no sólo una actividad esporádica. La jornada de trabajo, en materia de teletrabajo, al igual que en otros trabajos especiales e incluso en cualquier relación laboral se puede fijar de diferentes formas, tal y como lo establecen el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo que determina que el salario puede fijarse por: - Unidad de tiempo. - Unidad de obra. - Por comisión - A precio alzado. Al respecto, cabe señalar que algunos patrones tienen la falsa idea de que, al prestar los servicios a distancia, el trabajador no tiene derecho a percibir el mismo salario, o bien, éste tiene la posibilidad de poder reducir el salario al teletrabajador, lo cual, es incorrecto pues se insiste bajo el principio de igualdad la condición de trabajo del lugar de prestación de servicios, no tiene por qué inferir en el salario percibido y por consiguiente, subsiste la obligación por parte del patrón, de conservar el salario por el trabajador que antes prestaba sus servicios de manera presencial y por otro lado, persiste la obligación del patrón de mantener la igualdad de salarios entre los trabajadores que laboran a distancia y los que lo hacen de manera presencial. Es diferente si el trabajador prestaba sus servicios bajo un salario por unidad de tiempo y se establezca un horario inferior en el que desempeñe sus servicios. En relación a la vestimenta, si bien es cierto no constituye un elemento formal de la relación laboral e incluso, ni siquiera se encuentra contemplado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, también lo es, que resulta ser un elemento importante a considerar en el teletrabajo, lo anterior, ya que es importante establecer un código de vestimenta al momento de desempeñar el servicio a distancia, más aún si hablamos de una reunión virtual o alguna comunicación mediante video llamada con clientes, proveedores o cualquier otra persona relacionada con el trabajo.Conclusiones Considerando lo anterior, si bien es cierto que el T-MEC marca un deber ser como muchas de las legislaciones mexicanas, en la praxis nos daremos cuenta si realmente resulta ser eficiente el elemento del tiempo, porque aunque haya robustecido el procedimiento jurídico laboral, la realidad de las cosas es que violenta la soberanía del Estado Mexicano, ya que dichas inspecciones a los centros de trabajo pueden ser realizadas por una autoridad que no depende del Gobierno mexicano. Esto, aunado a que las consecuencias a los patrones son meramente económicas, dejando de lado las afectaciones reales a los trabajadores. Si bien es cierto causa un “temor” al patrón de no afectar los derechos a sus trabajadores, es posible que el enfoque de la consecuencia se olvida de la esencia del derecho laboral al ser una rama de derecho social, priorizando tópicamente lo económico, aumentando infracciones arancelarias o impidiendo que el patrón exporte a los países miembros del tratado. Por otro lado, sin duda beneficia a la Ley Federal del Trabajo, por cuanto hace a su sistema jurisdiccional, ya que se diminuirá el rezago en los juicios laborales en comparación a los juicios radicados ante las Juntas Laborales. Para finalizar, el teletrabajo es una gran herramienta para evitar la propagación del virus COVID-19 , sin embargo, aún no se cuentan con los precedentes necesarios para marcar una verdadera directriz para resolver los asuntos laborales en donde exista discrepancia con los teletrabajadores, esto solamente no lo dirá el tiempo y las Jurisprudencias que emitan las autoridades competentes.12 13Alberto es estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Derecho por nuestra facultad, y a su vez es estudiante del primer semestre de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. A lo largo de su vida profesional, Alberto se ha desempeñado como pasante en las áreas de Derecho Administrativo, Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo y Derecho Laboral. Alberto tiene como temas de interés: · Derecho Constitucional. · Derechos Humanos. · Derecho Administrativo. · Propiedad Intelectual. · Derecho Migratorio. · Instituciones de Seguros. · Política Interior y Exterior de los Estados Unidos Mexicanos. Hobbies: · Leer. · Jugar soccer. · Natación.Procedimiento de Conciliación e Indemnización Por: Alberto Cerón Ledesma on la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) el 05 de noviembre de 2020 se le delegaron nuevas facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En su artículo 5 se le establecen facultades para mandar a conciliar a las partes en procedimientos contenciosos, y condenar la indemnización por daños y perjuicios, el mismo artículo a la letra dice: “Artículo 5.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: III.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas en los términos de las leyes cuya aplicación le corresponde; oír en su defensa a los presuntos infractores; conciliar los intereses de las partes involucradas cuando se lo soliciten; formular las resoluciones, emitir las declaraciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes; VIII.- Condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en las leyes cuya aplicación le corresponde, y cuantificar el monto de la indemnización respectiva;” Como pudimos observar, el precepto citado dice: “previsto en las leyes cuya aplicación corresponde”. Lo anterior tiene una razón de ser, puesto que el IMPI es competente en Infracciones en Materia de Comercio, las cuales están establecidas en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA). A continuación, se hablará de la práctica de ambas facultades, el procedimiento conciliatorio y la indemnización por daños y perjuicios. El procedimiento de conciliación La ley establece que, en los procedimientos de infracción, el IMPI buscará en todo momento conciliar a las partes. Esto debe ser a petición de alguna de ellas y en cualquier etapa procesal, siempre y cuando el IMPI no haya emitido la resolución del fondo de la controversia. Empero, el IMPI no podrá opinar sobre cuestiones de este, quedando bajo la responsabilidad de las partes los acuerdos que se adopten. El individuo que presente la solicitud de conciliación deberá contar con los términos de la propuesta conciliatoria. Además, deberá exhibir copias simples de dicho escrito y sus anexos, a efecto de correr traslado a su contraparte. Una vez que el IMPI admita la solicitud, el Instituto dará vista a la contraparte para que, en el plazo de cinco días hábiles, manifieste su aceptación o negativa a negociar un convenio, apercibido que de no dar respuesta dentro del plazo señalado, se tendrá por contestada en sentido negativo. En caso de que la contraparte acepte iniciar la negociación del convenio, podrá aceptar la propuesta inicial del solicitante o, en su caso, presentar una contrapropuesta, debiendo exhibir copias simples de dicho escrito y sus anexos, a efecto de correr traslado a la parte contraria. De la respuesta de la contraparte, se dará vista al solicitante de la conciliación.En caso de que se llegue a aceptar la propuesta del solicitante de la conciliación, el Instituto requerirá a las partes a presentar el convenio respectivo, debidamente formalizado, en el plazo de cinco días hábiles. En caso de que sea presentada una contrapropuesta, el Instituto citará a las partes a una primera reunión de negociación, en sus instalaciones. De la reunión, las autoridades del IMPI levantarán acta circunstanciada, firmada por quienes intervinieron en ella y se integrará al expediente respectivo. La falta de firma de alguna de las partes no afectará la validez del acta respectiva. La reunión de conciliación se llevará acabo de la siguiente forma: 1. El IMPI presentará un resumen de la controversia y conminará a las partes a llegar a una posible solución; 2. Las partes expondrán los términos de sus propuestas; 3. El IMPI facilitará la negociación entre las partes. En caso de llegar a un acuerdo, esto se hará constar en el acta y se requerirá a las partes a presentar el convenio respectivo, debidamente formalizado, en el plazo de cinco días hábiles. Cuando no hayan logrado conciliar sus intereses en la primera reunión, y las partes de común acuerdo soliciten continuar con la negociación, el IMPI citará a una segunda y última reunión, misma que se desarrollará conforme a las reglas de la primera de conciliación, en lo que resulte aplicable. Si las partes llegan a un acuerdo, de manera previa a la celebración de la segunda reunión de negociación, podrán presentar ante el Instituto el convenio respectivo, debidamente formalizado o, en su caso, exhibirlo el día de la segunda reunión. En el caso de que alguna de las partes no acuda a alguna de las reuniones, sin causa justificada, se sancionará con multa de hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción. Además, de no asistir ambas partes, en el acta de la reunión respectiva se hará constar dicha circunstancia y se entenderá que la conciliación fue rechazada. Es de suma importancia aclarar que el convenio al que lleguen las partes no podrá ser contrario al orden público, salud pública o al interés general de la sociedad. El convenio resultante de la conciliación pondrá fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá el carácter de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución.Indemnización por daños y perjuicios Este resarcimiento le corresponde al titular de derechos de propiedad industrial afectado. La LFPPI expresa que además de las sanciones previstas en la misma y otras disposiciones derivadas de ella, se impondrán la indemnización por daños y perjuicios, o la reparación del daño material de los afectados. A manera de repaso es importante mencionar que la comisión de una infracción administrativa en materia de propiedad intelectual tiene como consecuencia una o varias sanciones previstas en el articulo 388 de la LFPPI. Para la ley indica dos alternativas para la indemnización por daños y perjuicios: • Poder reclamarla ante el IMPI, una vez terminado el procedimiento respectivo, y • Ante Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa. Lo anterior deberá ser conforme al artículo 409 de la misma ley. La indemnización por la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado. El momento para presentar la reclamación de indemnización por daños y perjuicios, será una vez que el IMPI haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En la misma se presentará la cuantificación correspondiente a éstos, de manera incidental, para lo cual deberá ofrecer las pruebas pertinentes. Para determinar el monto de la indemnización se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la infracción al derecho y, a elección del titular afectado, cualquier indicador de valor legítimo presentado por éste, incluyendo: • El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor; • Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; • Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o • El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.14 15Las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, que no puedan cumplirse por el infractor y que se traduzcan en daños y perjuicios al titular afectado, también podrán ser cuantificadas para efectos de la indemnización correspondiente. Una vez presentada la reclamación se dará vista al infractor para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere convenientes. Una vez desahogadas las pruebas y tomando en cuenta las manifestaciones presentadas, el Instituto determinará los daños y perjuicios ocasionados, así como el monto de la indemnización que corresponda. Muy importante hacer mención que la acción para reclamar los daños y perjuicios causados por las infracciones a esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que el IMPI haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible. La ejecución de la resolución del incidente emitida por el Instituto podrá promoverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes. Conclusiones Podemos resumir el procedimiento de conciliación en 10 sencillos pasos a seguir por las partes: 1. Presentación de la solicitud de conciliación, a petición de parte siempre y cuando no se haya dictado la resolución de fondo del asunto. 2. Una vez admitida la solicitud, el IMPI dará vista y entregará traslado a la contraparte para que en un plazo de 5 días hábiles se manifieste. 3. En caso de que la contraparte acepte conciliar, podrá aceptar la propuesta de la otra parte, o en su caso presentar una contrapropuesta 4. El IMPI volverá a dar vista de la conciliación. 5. Si se acepta la propuesta del solicitante, ambas partes deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles la formalización del convenio. 6. En caso de que no haya arreglo, el IMPI citará a las partes a una reunión de conciliación. Misma en donde el IMPI levantará un acta circunstanciada. 7. Sí hay arreglo se asentará en el acta, y las partes tendrán que presentar el convenio respectivo en un plazo de 5 días hábiles. 8. En caso de que no haya arreglo, las partes podrán solicitar una segunda y última reunión de conciliación. 9. Si las partes llegan a un acuerdo antes de la segunda reunión, podrán presentar el convenio respectivo. 10. El convenio resultante tendrá carácter de cosa juzgada. Por otro lado, la reclamación por daños y perjuicios la podemos resumir en los siguientes 4 pasos: 1. El titular afectado podrá solicitarla una vez el IMPI haya dictado resolución y esta sea exigible en términos de la LFPA. 2. Una vez admitida la reclamación, se dará vista al infractor para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere convenientes. 3. Una vez desahogadas las pruebas y tomando en cuenta las manifestaciones presentadas el IMPI determinará o no daños y perjuicios. 4. Esta acción prescribe en dos años contados a partir de la fecha en que el IMPI haya declarado la infracción. Es sumamente importante volver a mencionar que la LFPPI da la opción de llevar a cabo esta reclamación ante el IMPI o ante Tribunales conforme a lo dispuesto por la legislación común. Será de suma importancia observar qué tanto benefician estos nuevos procedimientos, de igual forma será importante cómo los marque el nuevo reglamento de esta ley. PROYECTO DESTACADO CHAMPIONS LIC. El pasado 8 de noviember se llevó a cabo la Final del Concurso de Debate y Argumentación Jurídica “Champions Lic.”. En esta competición se pretende desarrollar las habilidades de investigación, conceptualización y argumentación de los alumnos participantes, esto mediante el debate de diversos temas controvertidos. Para esta edición, concursaron estudiantes de Relaciones Internacionales y de Derecho, quedando como finalistas: Laura Victoria Viramontes de tercer semestre y Mauricio Aguirre Serrano, de noveno semestre. Tras dar a conocer las reglas del debate, los participantes expusieron su postura de acuerdo con el tema asignado. Así pues, el jurado procedió a formular una serie de preguntas que detonaron la esencia del mismo, para posteriormente dar cierre con las manifestaciones que fijarán las posturas mencionadas. Después de la dura sesión de debate fue presentada la deliberación, y el Hmno. Rector José Francisco Flores Gamio hizo entrega de los premios correspondientes al primer y segundo lugar, siendo Laura Victoria Viramontes la ganadora de esta entrega. ¡Felicidades a la ganadora, y a todos los participantes! La ganadora obtuvo como premio un teléfono nuevo IPhone 12. Su equipo recibió AirPods, los cuales fueron sorteados entre las y los estudiantes de dicho grupo. De igual forma, todos los participantes recibieron un diploma por su participación. Agradecemos a todas nuestras autoridades de la Universidad La Salle, al Director de la Facultad de Derecho y al jurado por ser parte de la gran final de esta competencia universitaria.16 17Internacionalización ¡Explora las distintas actividades de internacionalización que han sido organizadas por La Salle!¿Ya conoces el horario de tu próximo semestre? Escanea el código para conocerloCIEL (Centro Internacional de Educación La Salle)Francisco Murguía #19, Casa Rosa 18 19Andrés Derecho/ Egresado AGUILERABernardino Derecho/ Docente E. MARTÍNEZació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1977. Es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con estudios de Maestría en Filosofía Social por la misma Universidad. Tiene una trayectoria de 21 años en el servicio público; de los cuales 18 han sido en instituciones de la Ciudad de México. En 1997, inició su trayectoria profesional en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en donde se desempeñó como Jefe de Sistemas Administrativos encargado del Departamento de Asesoría y Desarrollo de Programas de Protección Civil, cargo durante el cual colaboró en la redacciónDistrito Federal, como Técnico Investigador en Ciencias Políticas, en la Coordinación de Enlace Legislativo. De 2004 a 2008, le es encomendada la Coordinación de Enlace Legislativo del Tribunal Superior de Justicia. Durante el desempeño del encargo, se le encomendó la instauración de mesas de trabajo permanentes de jueces y magistrados tendientes al análisis, revisión y opinión de diversas iniciativas de ley en materias: penal, civil, familiar y de justicia para adolescentes; en coordinación con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2008 y hasta enero de 2012, se desempeña como Asesor “A” de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En donde coordinó diversas mesas de trabajo, entre las que se destacan las relativas al control de gestión de las áreas administrativas del Tribunal, así como las de apoyo judicial. También, la coordinación de las relaciones interinstitucionales, tanto federales, locales, el Congreso de la Unión y la entonces a de la Ciudad de México. a mayo de 2019, funge como Coordinador de Asesores del de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Administrativa de la Ciudad de México, cargo en el que tuvo entre otras funciones, de asesorar a la Presidencia en diversas das con el derecho, principalmente administrativo, fiscal, tario. Coordinó grupos de trabajo encargados del estudio, ta legislativa de diversos temas, así como las relaciones con dependencias locales y federales. rdinó los esfuerzos relativos a la implementación del ama de Derechos Humanos de la Ciudad de México; del cto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos partidores de Justicia de la Ciudad de México. Coadyuvó en la Coordinación del Secretariado Técnico de la Presidencia de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, en dos ocasiones. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo nombra Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cargo que fue ratificado por el Congreso de la Ciudad de México el 31 de mayo de este año. Actualmente es titular de la ponencia 18 de la Primera Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración y, por acuerdo del Pleno neral, integrante de la Junta de Gobierno y Administración Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. semanal de los portales “El Punto Crítico” y “Voces México”. mensualmente en la revista electrónica Conciencia Política.Actualmente es: • Doctor en Derecho “Apto Cum Laude” por la Universidad Complutense de Madrid, España. • Maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España. • Especialista en Desarrollo de la Función Directiva por el Instituto Nacional de Administración Pública de España. • Investigador Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). • Profesor Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. • Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. • Colaborador y comentarista especializado en temas jurídicos y políticos en diversos medios de comunicación, entre otros en el Grupo Fórmula, Radio y Televisión. Sus publicaciones son en temas de derecho y política. Ha publicado 40 libros, y estos son algunos de sus recientes libros: • La Guardia Nacional: Manual de derechos humanos. • Derechos del imputado y de la víctima de un delito. • La reparación del daño. ¿Es posible la creación de la ley de reparación del daño? • Delitos electorales 1812-2018. • Derechos fundamentales, jurisprudencia constitucional penal; • Juego y Poder: la política es un juego y la ley es poder. • Estado de Excepción, restricción o suspensión de derechos y garantías. • Análisis jurídico-operativo del sistema penal acusatorio en México a nivel federal. • Decisiones políticas: problemática del derecho parlamentario. • La participación política como derecho fundamental en la constitución de España y de Europa. @leypoliticade la primera Ley General de tiene bajo su cargo Protección Civil, publicada con dependencias en el Diario Oficial de la Asamblea Legislativ Federación el día 12 de mayo de 2000. En enero de 2012 entonces Tribunal Posteriormente, en Tribunal de Justicia febrero de 2001, la responsabilidad, ingresó al Consejo de la materias relaciona Judicatura del Tribunal político y parlamen Superior de Justicia del análisis y propues entonces interinstitucionales Asimismo, coo Progr Pa Im Ge del Es articulista También colabora20 21Marcela RI /DocenteRomina RI/ EgresadaMIJARES icenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestra y Doctora en Historia por El Colegio de México. Fue becaria del programa Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) otorgado por el gobierno de Canadá, gracias al cual realizó una estancia de investigación en el departamento de Historia de la Universidad de Calgary. Se tituló con la tesis “Cárdenas después de Cárdenas: una historia política del México Contemporáneo (1940-1970)”, misma que obtuvo la Mención Honorífica del Premio Salvador Azuela 2018 otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México (INEHRM). Ha sido catedrática en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)-Campus Ciudad de México. Desde hace cinco años forma parte del claustro de profesores de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, impartiendo la materia de Historia de América Latina y el Caribe: Política y Gobierno. Además, es profesora en el Departamento de Estudios Generales y en el de Ciencia Política del ITAM.CLAMONT s licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle. Se ha desempeñado como analista auxiliar en la Dirección General para Europa, Secretaría de Relaciones Exteriores, Becaria en la Sección Política de la Embajada Británica en México y Asistente de Programas en la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS). Actualmente es la Coordinadora de Agenda en la Embajada Británica en México. Romina cuenta con participaciones en medios de comunicación como ADN40, RadioUNAM, El Heraldo de México y Foreign Affairs Latinoamerica donde ha abordado temas relacionados con América Latina y Europa.22 23Por: Guadalupe Peña González La Iniciativa Mérida de 2007 significó un nuevo esquema de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. La Iniciativa, cuyo objetivo era luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, significó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, que consistió en una asistencia para México por un total de 1600 millones de dólares durante tres años, esto mediante la transferencia de equipo, principalmente militar e informático. Recordemos que la Iniciativa contemplaba cuatro pilares: afectar a la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho, crear la infraestructura fronteriza y construir comunidades fuertes y resilientes. Entre las acciones que se llevaron a cabo, están: asistencia financiera y adquisición de equipo para las fuerzas de seguridad (militares incluidas) involucradas en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada; y, reforma en materia de impartición de justicia (nuevo sistema penal acusatorio), y cooperación policiaca en el desarrollo de operaciones de seguridad. Aún cuando la Iniciativa originalmente solo operaría tres años, este lapso se extendió y el presupuesto también. Entre 2007 y 2021, el Congreso de Estados Unidos autorizó 3300 millones de dólares. Pero ¿y las medidas para combatir el consumo de drogas y frenar el tráfico ilícito de armas dentro de Estados Unidos? Debido a los cambios de gobierno tanto en Estados Unidos como en México; quienes asumían la presidencia tenían diferentes visiones de cómo afrontar el problema del crimen organizado y del narcotráfico, para algunos un fenómeno y para otros una coyuntura, básicamente que se podía interpretar a conveniencia a la hora de la revisión de los resultados. Por ejemplo, aún cuando podríamos señalar avances en la capacitación y certificación del personal policiaco y de investigación, el tema del blanqueo de capitales (que lo contemplaba la Iniciativa); esto es, el lavado de dinero, seguir el rastro del dinero, mostró incipientes avances sólo en materia normativa más no operacional. Es sabido que una de las formas efectivas de coartar el avance de la delincuencia organizada es minar su capacidad adquisitiva, inhibir el acceso a la liquidez, además del bloqueo al acceso de armas. Pero desafortunadamente se estima que ya no sólo hay cuatro grandes cárteles, ahora son nueve y 28 bandas locales. Como muchos de los dichos y afirmaciones del actual gobierno, fallan al descalificar lo ya trabajado pues, poner carpetazo a lo que huela a otro sexenio, simplemente es una forma de evadir la realidad, por ejemplo cuando el secretario Ebrard señala: “la diferenciaMéxico, concentrada en la tesis de que había que capturar a los capos de los cárteles y con eso era suficiente”. Sin embargo, los recursos que se autorizaron para la Iniciativa por parte del Congreso de Estados Unidos seguirán utilizándose pues hay operaciones en curso y claro, no se puede devolver ese dinero. Ante esto, la reunión de Alto Nivel del 8 de octubre de 2021, parece más una Iniciativa 2.0. Es necesario ajustes en la estrategia de persecución de la delincuencia organizada, eso lo dejó claro el fracaso de la Iniciativa, pero el presidente López Obrador constantemente da señales de no entender el problema, en sus conferencias mañaneras sólo aporta un discurso vacío, demagógico y fuera de contexto. Hay más de cien mil muertos y en estos 3 años no se ha capturado a ningún lider del narco. El anuncio del “Entendimiento Bicentenario” significa más un acercamiento diplomático entre los gobiernos de Biden y López Obrador, es una señal oportuna, para mostrar que no hay distanciamiento entre ambas administraciones, que hay puntos coincidentes y sobre todo, que no hay tensiones visibles. Aunque esto último puede resultar cuestionable, lo que vimos fue un acto para callar rumores. Un botón de muestra: cuando se establece como uno de los objetivos la protección de la población del impacto del consumo de drogas, la prevención de la delincuencia transfronteriza y el desmantelamiento de las redes criminales. Entre las acciones anunciadas incluyen la creación de una “red para la prevención del homicidio”, es decir, “una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención del crimen y la violencia”. Esto supone una atención a las causas estructurales de la violencia y resolverlas desde la raíz, una petición expresa del presidente mexicano. El plan incluye también el compromiso de “expandir la cooperación binacional en contra del tráfico ilegal y la trata de personas”, “incrementar las acciones bilaterales y paralelas para debilitar a los actores ilícitos y sus redes financieras” y mejorar la detección de las redes que importan los componentes químicos que están a la base de varias drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfentamina. México y Estados Unidos prometen redoblar esfuerzos “para ayudar a resolver los miles de casos de desapariciones en México”. Resulta interesante que uno de los objetivos sea perseguir a las redes criminales, pues para eso se necesita que la cooperación se haga efectiva en operaciones conjuntas: no olvidemos que se encuentran detenidas las visas para agentes de la DeA pues tras la captura y posterior liberación del General Cienfuegos, el gobierno de López Obrador en una suerte de desquite, frenó la entrega de dichas visas. Como siempre sucede en este tipo de acuerdos, falta conocer la letra chiquita, para en verdad ver cuáles son las estrategias a seguir, qué concesiones otorgará México, y si la militarización del país continuará o si acaso habrá un cambio de timón.María Guadalupe Peña GonzálezLicenciada en Relaciones Internacionales, Licenciada, Maestra y Doctora en Derecho por la UNAM. Profesora de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Política Exterior de México. Con más de 13 años de experiencia docente en Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle y Universidad Anáhuac campus norte. Es miembro del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado; y la Institute Law Association Rama Mexicana. Sus líneas de trabajo giran en torno al derecho internacional, derecho migratorio y política exterior de México.24 25La caída de la Iniciativa Mérida y un nuevo horizonte Por: Luis Enrique PugaEn el marco de los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y México, a celebrarse en 2022, se ha anunciado una alianza entre estos países que lleva por nombre“Entendimiento Bicentenario” y, -que parece-, irá más allá de las buenas intenciones, pero además, que se visualiza como una gran oportunidad de atacar el problema del narcotráfico con un real mecanismo de cooperación entre ambos territorios y con una visión de corresponsabilidad muy diferente a la que se tenía con la Iniciativa Mérida. El optimismo sobre esta nueva alianza recae en la visión que ambos países tienen sobre las posibles soluciones al problema del narcotráfico. Especialmente, son los objetivos enfocados en el desmantelamiento de las redes financieras de los cárteles, en la prevención y reducción de la demanda de drogas, en la reducción en el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y en la generación de oportunidades, tanto económicas como educativas para comunidades vulnerables al crimen organizado, los que se diferencian de la Iniciativa Mérida, ya que no se habían tomado en cuenta y que sí son problemas que se deben abordar para solucionar el conflicto. Ante este panorama, parece que tanto el gobierno mexicano como el estadounidense tienen el compromiso de trabajar juntos, asumiendo cada uno su responsabilidad dentro del mismo problema. Ahora, sólo queda esperar que la teoría se lleve a la práctica y este sea el comienzo real de la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos en ambos países y a través de un marco de cooperación. Por lo anterior, también será de suma importancia analizar y darle seguimiento a las acciones que cada gobierno implementará para cumplir con los objetivos trazados, ya que, si no se obtienen resultados con esta nueva alianza, el plan se convertirá en uno más con buenas intenciones, pero con malos resultados. Por último, es importante mencionar que ambos países tienen un gran reto por delante, mientras México se encuentra viviendo una fuerte ola de violencia provocada por los constantes enfrentamientos entre grupos fuertemente armados, en Estados Unidos cada día mueren más personas por drogas tan devastadoras como lo son el fentanilo y la heroína. Es por lo anterior, que tratar de resolver el problema dentro de un marco de cooperación binacional se vuelve tan importante. Tanto México necesita la ayuda de Estados Unidos como estos la ayuda de México. Este no es un problema que se pueda resolver de forma unilateral, y el plan Entendimiento Bicentenario, podría ser un ejemplo de que ambos gobiernos se están dando cuenta de ello.E studiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle México, acreedor de distintos reconocimientos por parte de la Universidad La Salle y por parte del gobierno municipal de Jacala de Ledezma, Hidalgo, por su participación en proyectos de impacto social en comunidades rurales del país.no de los principales retos para el Gobierno Mexicano en turno es el problema del narcotráfico, no sólo porque se ha convertido en el principal motivo de generación de violencia en el país; sino también porque los cárteles han logrado penetrar las propias instituciones. Esta situación ha dejado entrever la fallida estrategia que se ha llevado a cabo desde el presidente Felipe Calderón, al tratar de enfrentar de manera directa a estos y utilizando a las Fuerzas Armadas como herramienta para descabezar a los diferentes grupos de crimen organizado en el país. Cabe recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón se llevó a cabo un mecanismo de cooperación binacional entre Estados Unidos y México, conocido como la Iniciativa Mérida. El acuerdo entre ambos países tuvo como objetivo fortalecer el Estado de Derecho y a las instituciones mexicanas encargadas de combatir al narcotráfico, esto, a través de la asistencia por parte de Estados Unidos hacia México en cuanto a equipo militar e informático; pero, también a través de la capacitación de los agentes mexicanos encargados de combatir al narcotráfico. No obstante, y después de casi 15 años, la estrategia de encarcelar a los principales capos de los grupos delictivos en México, y de realizar grandes decomisos de droga ha fracasado e, incluso, se podría decir que el problema se ha agravado debido a la fragmentación de los cárteles alrededor del país, situación que a su vez, ha ocasionado que estos grupos se enfrenten entre sí con la finalidad de controlar rutas y zonas estratégicas que les permitan continuar con sus actividades ilícitas, pero entonces, ¿cuáles fueron los factores que provocaron que la Iniciativa Mérida fallara?En primer lugar, a pesar de que tanto México como Estados Unidos reconocieron el problema del narcotráfico como uno interméstico, cada país tenía objetivos y estrategias diferentes. Por un lado, el gobierno mexicano buscó disminuir la violencia y la presencia de cárteles a través de una confrontación directa. Esto dio como resultado una guerra sangrienta entre agentes federales y narcotraficantes donde la población fue la principal afectada. Por otro lado, el gobierno estadounidense sólo tenía la intención de contener la violencia en México a través de la donación de recursos materiales, lo que provocó que no existiera una cooperación real que buscara solucionar los orígenes del problema de manera integral. En segundo término, y como se deja entrever en apartados anteriores, la Iniciativa Mérida no se enfocó en resolver el problema de raíz, esto significa que no se atendieron las principales causas del narcotráfico, como lo son la demanda de drogas en Estados Unidos, la fuerte estructura financiera de los cárteles y otros factores sociales que tambien influyen, como la pobreza y el desempleo.26 27Revalorando a la CNDH: un puente sobre aguas turbulentas Por: Carlos Armando Carranza Madrigalpenal. En el segundo, rectificó tras un muy errado diagnóstico inicial, aseverando posteriormente que los decesos pudieron haber sido responsabilidad de los soldados. Sea cual fuere la equivocación en ambas coyunturas citadas, o en otras, y a pesar del rezago operativo o la ausencia de completitud en los informes expuestos, considero poco sensato desestimar la existencia de la Comisión. Lejos de pugnar por que expire, hay que aprender a apreciarla en su modesta encarnación. Privados de ella, estaríamos parcialmente silenciados (resta la desobediencia civil). En cambio, con su labor de recopilar testimonios y emprender investigaciones de campo, nos hallamos un paso más cerca de algo que incumbe a la sociedad en su conjunto: resguardar el derecho a la verdad. Esto no es una apología; acaso, una cordial invitación a ponderar inteligentemente el tema, a examinar con imparcialidad las diferentes aristas de un tópico escabroso en demasía. El margen de mejora es holgado, pero no se llega a un círculo virtuoso obviando la necesidad de hacer lo posible con los recursos de los que se dispone en un momento dado. La CNDH aún no salda su déficit, sin embargo, podemos apelar a indicios esperanzadores con relación al ideal de que ocurra una transformación de fondo en la institución, que erradique sus históricas irregularidades. Precisamente, estas señales son humildemente esbozadas en el denominado Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2020-2024 , una hoja de ruta bastante más conciente que las que le precedieron, y que tiene por principal cometido rescatar los valores fundacionales de la Comisión para dotarla de renovada fuerza moral. Brío urgente e indispensable con el propósito de nunca más pasar por alto la -convenientemente- soterradaLos triunfos y descalabros organizacionales trascienden administraciones, bien que una “simple” gestión puede sentar precedentes rotundos. La polémica dirección de Rosario Piedra Ibarra, quien asumió la presidencia en noviembre de 2019, aun cuando induce a pensar lo peor, parece mostrar leves signos vitales, toda vez que entiende como prioritario el reestructurar los vínculos con la ciudadanía, al ejercer su potestad jurídica especializada con un enfoque preventivo, humanista y ético; basta de esperar a que los afectados por un agravio se acumulen para intervenir con firmeza. Leer el texto deslumbra, desde luego, sobre todo por su romanticismo, uno que afortunadamente logra no divagar en exceso y da a entender que los ejes rectores han sido mejor fijados. Éstos son, a criterio de un servidor: allanar el camino a las constituciones estatales ante la Ley Fundamental para soslayar contradicciones legales en el rubro del amparo a la población; derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; derechos de las personas con discapacidad; supervisión del sistema penitenciario; derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas; derecho a la educación; derechos de la comunidad LGBTTTIQ; derechos de las personas adultas mayores; derecho de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; derechos de las personas migrantes y sus familias; y derecho de las personas a la protección contra la desaparición forzada. Visto como metáfora idílica, el puente es tendido en calidad de infraestructura destinada a unir lo que se encuentra separado por naturaleza; esa distancia intermedia, liminal, suele comprender turbiedad que habrá de ser superada mediante sólidos pilares, los de la razón y la concordia. Pensemos, ahora, en el clima de impunidad nacional existente como si de un río se tratase. Dicho esto, hoy, queda claro, el Ombudsman funciona a manera de pasarela ampliamente perfectible: cumple con evitar que, en el intento de cruzar, seamos arrastrados por la implacable corriente, no obstante, dista de brindar certeza, a raíz de su tambaleante superficie. La deuda de justicia es apabullante, ¿cómo objetarla? Imagina, apreciable lector, cuánto más lo sería sin esta institución.Nació en Monterrey, Nuevo León en 1997. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle, Ciudad de México. “Me titulé con mención honorífica. Mis principales áreas de interés son: Medio Ambiente y Cambio Climático, Geopolítica, Estudios Regionales, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Derecho Internacional. Actualmente, trabajo como KAM en una empresa dedicada a la salud y el bienestar.”e entre la pléyade de autores que, dejando épocas de lado, dedicaron su obra al tratamiento de los Derechos Humanos, uno de los más destacados ha sido, a midel aparato gubernamental, para buscar garantizar defensoría frente a todo tipo de atropellos. Tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México.parecer, el español Gregorio Peces-Barba (1938-2012). El estilo filosófico con el que estableció la “supremacía” de estas libertades por encima de las que competen a lo económico, lo social e, incluso, lo cultural, resulta admirablemente singular; su cobertura es, en consecuencia, holística. Para el ya fallecido político, jurista y también catedrático, hablar de ellas es referirnos a las condiciones definitivas que permiten nuestra determinación en sentido público, ya que sólo en la esfera comunitaria podemos ser violentados. La anterior se constituye en una perspectiva, sin duda, que apunta hacia el desarrollo integral y la consecución de la plenitud, partiendo del respeto a la dignidad del individuo, así como de la colectividad. Visión, pues, que desde hace tiempo permea de forma decisiva en la legislación de los Estados nacionales democráticos, al traducirse, además, en que hayan podido conformarse órganos protectores con la suficiente autonomía, respectoAunque nobles en espíritu, cabe señalar, estos vigilantes frecuentemente son objeto de críticas bien fundamentadas, cuya causticidad varía de acuerdo con el contexto del que nacen. El grado de alboroto exacerbado imperante en la República Mexicana, por ejemplo, parece no tener fin y da la sensación de que nadie hace nada para contrarrestar la tendencia perturbadora, lo que propicia hartazgo y cuestionamientos acerca del accionar del ente, de su limitada praxis, y en torno al presupuesto que, por decreto de la Carta Magna, le corresponde. Más todavía, la reforma constitucional de 2011 (un nuevo paradigma que obliga a las autoridades a cumplir con las normas de los tratados internacionales en la materia, suscritos por nuestro país) colocó para siempre a la Comisión en el ojo del huracán, en tanto que de ella debe provenir cualquier esfuerzo relevante en pro de terminar con la desigualdad, cerrar brechas y ampliar oportunidades de bienestar. Un breve ejercicio de recuperación de la memoria histórica, da cuenta de sucesos puntuales que han puesto en entredicho al organismo durante su maculada trayectoria reciente. Dos que destaco son: la Primera Masacre de San Fernando de 2010 y la Matanza de Tlatlaya de 2014. En el primero, fue lento para emitir una recomendación que terminó viendo la luz tres años después de la fatalidad, asimismo, no buscó a las familias de las víctimas para facilitar su involucramiento en la exigencia de un procedimientoparticipación directa de agentes gubernamentales en varios de los ultrajes documentados. 28 29¡Adéntrate en nuevos entornos!Ligas de InterésRecomendación Literaria Sinopsis En Las desesperantes horas de ocio, Jorge Humberto Ruiz estudia cómo el cambio histórico en el orden de las diversiones en Bogotá estuvo relacionado, principalmente, con las representaciones de las diversiones de origen colonial dentro de la disputa partidista, la formación de un ámbito de los espectáculos públicos, la transformación de las plazas coloniales en parques y jardines, y la representación del tiempo como un bien escaso, que debía ser usado en beneficio de la perfectibilidad humana. De este modo, este libro profundiza y expande los estudios sociales sobre la fiesta, las diversiones y el ocio en Colombia al demostrar que su historia es también una historia de cómo se conciben el tiempo, el trabajo y aquello que los seres humanos son y crean cuando pueden estar juntos en su tiempo lúdico.Da clic para conocer el protocolo para la prevención de violencia.Da clic para conocer la Oferta Educativa de La SalleRecomendación Netflix Sinopsis El dilema de las redes sociales (2020), de Jeff Orlowski, es un documental que está disponible en Netflix y que fue producido para esa plataforma. Trata de manera entretenida un asunto pertinente y de actualidad: los riesgos psicológicos y políticos de redes como Facebook, Twitter e Instagram. Aunque la materia sea relativamente novedosa y aunque logra evidenciar el reto que representa este desarrollo tecnológico, el documental tiene la limitación de ser sólo temático y de ofrecer un análisis poco elaborado.a click aquí para conocer el perfil de Instagram del CUE de derechoD30 31Participa con Nosotros Tu VozSíguenos en nuestras redes sociales Derecho /derecholasallemxParticipa en el CONCURSO ANUAL DE ORATORIA BASES:1. Podrá participar cualquier estudiante regular de la licenciatura en Derecho o de R.I. 2. La inscripción es gratuita y se realizará a través de la jefa de carrera desde la fecha de la publica-ción de la presente convocatoria y hasta el día 18 de marzo de 2022. 3. Las rondas de exposición se llevarán a cabo del 21 al 31 de marzo de 2022, en la sala de juicios orales de la Universidad. De todos los participantes se elegirán a los dos con mejor puntaje quienes pasarán a la gran final, la cual se realizará el 04 de abril de 2022 en el auditorio Adrián Gibert. 4. Cada participante hará una exposición con duración mínima de 3 minutos y máxima de 6 minutos, respecto del tema que libremente escoja, de las siguientes opciones: - El futuro de la democracia en México. - El conflicto de Rusia y Ucrania y sus implicaciones geopolíticas. - La educación universitaria en la post-pandemia. - Los periodistas y los límites de la libertad de expresión. 32El jurado estará integrado por tres personas, que podrán ser, indistintamente, una profesora o profesor de la Facultad, un exalumno o exalumna destacado y/o un miembro administrativo de la Facultad de Derecho o de la Universidad La Salle. La integración de los jurados será decidida por la Facultad de Derecho y la decisión de su integración es inapelable. El Jurado libremente calificará, del orador: actitud y lenguaje; respecto del discurso: la estructura, contenido y originalidad. Las decisiones del Jurado son inapelables. PREMIOS: El competidor o competidora que gane el primer lugar recibirá: - Una nueva Laptop HP de 14 Pulgadas Intel Celeron N4020 4 GB 64 GB. El competidor o competidora que gane el segundo lugar recibirá: - Un asistente virtual ALEXA. DISPOSICIONES FINALES: Cualquier tema no previsto en la presente convocatoria será decidido por el Consejo Académico de la Facultad de Derecho. Relaciones Internacionales /RelacionesInternacionalesUlsa @la_salle_rrii Champions Lic. /ChampionsLicConvovatoria 33