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Producción de presentes coloniales

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Producción de presentes coloniales*

Wilda Celia Western **

Resumen

Palabras clave

Presente colonial, ocupación militar, derecho internacional, Irak.

Fecha de recepción: Fecha de aceptación:

marzo de 2021 mayo de 2021

Production of Colonial presents

* La primera versión de este artículo fue presentada con el título “Escritura y presente colonial” en las Primeras Jornadas Internacionales de Epistemología y Metodología de la Investigación, Universidad Pública de El Alto, La Paz, Bolivia, el 8 de octubre de 2020 en modalidad en línea. ** Doctora en Estudios de Asia y África, especialidad en Medio Oriente, por el Colegio de México. Profesora-investigadora, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Orcid: 0000-0003-1878-7537, wilda.western@uacm.edu.mx

Keywords The Colonial Present, military occupation, international law, Irak.

Abstract: This article proposes to recall the colonial dimension within the analysis of domination forms over territories and bodies, as well as in the study of new forms of organized violence (wars, military occupation, foreign interventions) which have developed in Asian and African regions from the last decade of the twentieth century to the present. To closely examine the problems stated, the text discusses: 1) The colonial present as a concept; 2) The colonial as historical process; 3) The connection of the new forms of violence with the military occupation, the international law and the legal production enacted by de Coalition Provisional Authority in Irak.

Introducción

A medida que avanza el siglo xxi, la intensidad del dominio del capital, su voracidad y falta de límites disiparon brutalmente cualquier fantasía sobre los efectos benéficos de la globalización. En estos procesos de devastación y despojo hay una clara diferenciación por regiones y algunas son objeto de mayor destrucción que otras. En este artículo se sostiene que la dominación sobre territorios y cuerpos, así como las nuevas formas de violencia organizada —guerras, ocupación militar, intervenciones externas, entreotras—, que experimentan ciertas regiones de Asia y África desde la década de los 90 del siglo pasado adopta formas claramente coloniales, y que debemos atender esa dimensión colonial en el análisis de los procesos.1 Para desarrollar estas ideas, primero se comparte una reflexión sobre el presente colonial; en segundo lugar, se comentan las características y temporalidades del presente colonial y, por último, se hace una exploración de la ocupación militar desde los años 90 del siglo pasado como forma específica de violencia, en particular la de Irak; con ello, incorporo la discu-

Este escrito es parte de mi trabajo dentro del grupo de investigación Historias del presente colonial del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, uacm, y de los intercambios con los colegas que lo integran.

sión sobre la interpretación del derecho internacional y la producción normativa durante la ocupación militar.

El presente colonial

La expresión de presente colonial, formulada por el geógrafo británico Derek Gregory en el libro del mismo nombre (2004), ha sido iluminadora desde mi primera lectura del texto. El autor describe el presente colonial como la interconexión de las experiencias coloniales de Afganistán, Palestina e Irak, y la actualización de dichas experiencias con las campañas militares de la “guerra contra el terrorismo” desde el 11 de septiembre de 2001, con las cuales se instaura un mecanismo específico para la extensión del orden global. Gregory no borra las diferencias ni las trayectorias de cada una de estas zonas, sino que revisa cómo se actualizan las formas de violencia y cómo se gestiona el despliegue militar de Estados Unidos contra Afganistán, de Israel contra Palestina, y de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak.

Por regla general, el ejercicio del poder político, militar y económico de un Estado colonial sobre otro Estado o sobre poblaciones siempre ha incluido formas de racionalizar la violencia y la opresión. Gregory se apoya en Edward Said (2004) para exponer cómo los poderes coloniales no solo actúan en terreno, sino que reeditan “geografías imaginarias” y de esa manera producen territorios diferenciados de la guerra y de los “otros” como espacios físicos y corporales de excepción (en este caso, sigue a Giorgio Agamben [2003/2007]).

En esta lógica, todo acto sobre esos cuerpos es legítimo, aun el más brutal, dada su caracterización como “otros”, como enemigos situados en espacios definidos como de enemistad. Técnicamente identificados como objetivos militares, bárbaros en el registro cultural y desechables desde el punto de vista político y jurídico —argumenta Gregory—, la violencia, el dominio y la eliminación se justifican porque ciertas poblaciones y ciertas regiones están habitadas por seres desechables, que pueden ser eliminados o encerrados en “no lugares”, lugares sin reglas ni límites para el uso de la tortura, cuyo ejemplo emblemático es Guantánamo (Gregory, 2004), o en zonas militarizadas de exclusión, en el caso de migrantes y desplazados por estas guerras.

Lo que debería atesorarse de Gregory es su aguda observación sobre la calidad colonial del presente y, al mismo tiempo, su comprensión de la espacialidad, de la interconexión de las experiencias y la combinación de componentes que el autor considera que son el sello del presente colonial. Esa manera de mirar el presente, su compromiso teórico junto con su preocupación por objetos empíricos de análisis es precisamente el atractivo de su propuesta.

Con una preocupación más centrada en la temporalidad que en el espacio, Ann Stoler (2016) prefiere hablar de presencia colonial para realizar, según su juicio, una distinción más clara entre un pasado que fue colonial y que imaginamos que emerge en la actualidad. En este caso, no estaríamos hablando de residuos del pasado o legados coloniales, sino de formas reelaboradas de este, así como del presente de ciertas continuidades y de la simultaneidad con las que las distancias entre pasado y presente se difuminan o se acortan.

Bien es cierto que las ideas sobre el imperio y el colonialismo tienen extensas trayectorias teóricas y un muy abundante tratamiento. Quizás por ello la escritura de genealogías, la tarea de trazar el desarrollo de un concepto o precisar escrupulosamente sus contornos y nuevos usos es un género en sí mismo; revela que cada noción fue dicha antes y de muy diversas maneras; señala sus recorridos y cómo se van entrelazando con nuevas y distintas construcciones intelectuales (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Young, 2015; Gandarilla, 2016; Bernstein et al., 2018; De Oto y Catelli, 2018; Añón, 2021). Mi tarea no es trazar esas trayectorias en este escrito, solo enunciar cuáles son los supuestos subyacentes de las interpretaciones que se evocan y, sobre todo, leer con ellos los procesos históricos concretos.

Por supuesto que el presente colonial tiene similitud con otras formas históricas de dominio, aunque no por ello se habla del mismo fenómeno. Hace más de medio siglo el líder ghanés Kwame Nkrumah denominó neocolonialismo al imperialismo ejercido sobre los Estados recién independizados en la forma de control indirecto de los grandes poderes externos que habían ejercido el gobierno colonial y ahora lo hacían mediante medidas económicas o financieras.

Los mecanismos del neocolonialismo, decía Nkrumah, son “sutiles y variados” y operan en todos los ámbitos, en la forma de endeudamiento público, de intervención en el gobierno a través de instituciones, agencias y empresas de ayuda multilateral a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, instigando golpes militares si hay resistencias y no menos a través del cine y la religión (Nkrumah 1966).

La teorización sobre el neocolonialismo surge en un tiempo preciso, en el contexto de la descolonización y, no menos, en el ambiente convulsionado de los encuentros entre los líderes afroasiáticos sucedidos desde Bandung (1955) hasta Belgrado (1961), donde emergió el Movimiento de Países No Alineados, o en la Conferencia Tricontinental de La Habana (1966). Prashad (2012) define tercer mundo como un proyecto político con las instituciones que lo hacían posible, la unidad de anhelos y agravios para construir el futuro pese a la Guerra Fría; una alianza global para resistir el imperialismo, agrega Young (2003). En suma, una filosofía política construida a conciencia para la liberación popular, una epistemología alternativa e insurgente.

La continuidad de la dominación de los viejos poderes coloniales sobre los no europeos y no estadounidenses que Nkrumah describe como neocolonialismo, para Aníbal Quijano (1992) puede resultar en un imperialismo, no por imposición externa, sino por la concordancia de intereses de las clases dominantes de los países periféricos en posición subordinada en el orden mundial. Más importante aún es la relación de dominación capitalista y eurocéntrica que denomina colonialidad.2 Esta sobrevive a la des-

Valeria Añón (2021) realiza un conciso análisis a propósito de la “colonialidad”, en el que une temporalidad y elaboraciones asociadas a este concepto. Muestra las herencias y derivaciones teóricas desde los años 50, en adelante, desde Franz Fanon y Aimé Césaire a Walter Mignolo.

trucción del colonialismo como orden político y se desarrolla articulada con la modernidad desde el siglo xvi, como una matriz de poder basada en la clasificación racial para ejercer ese poder; opera en todas las dimensiones: política, social y epistémico-cultural (Quijano, 2000/2007).

Si bien el concepto de colonialidad, acuñado por Quijano, es sugerente y novedoso, ya que obliga a pensar la persistencia de las formas coloniales de dominio, tiene dos puntos débiles que disminuyen su capacidad explicativa: su carácter transhistórico y la progresiva desaparición de la dimensión económica en el sistema de dominación y explotación colonial y poscolonial. Tales críticas ya fueron señaladas por Añón y Rufer (2018), en el primer caso, y por Verdesio (2018), en el segundo. ¿Pero qué significa hablar de la cualidad transhistórica del concepto? Que puede referir a cualquier época y lugar, que el presente no tiene especificidad histórica ni espacios concretos donde se desenvuelve. No es suficiente decir que, pasadas las independencias, el poder colonial en el sistema-mundo Europeo capitalista/patriarcal moderno/colonial se mantiene y se articula con la división internacional del trabajo y la acumulación global del capital o que existe continuidad entre el pasado y el presente colonial (Grosfoguel, 2013).

Debe admitirse que la noción del presente colonial no ha tenido tan amplia aceptación, al punto de sustituir con la mera enunciación las imágenes a las que refiere. Sin embargo, tiene el mérito nada desdeñable de llamar a las cosas por su nombre: en el presente se reeditan las tutelas coloniales, como antes los protectorados

olos mandatos.

Con la expresión de presente colonial, señala Gregory (2004), se enfatiza el sentido activo del verbo colonizar, como un proceso que se está llevando a cabo. En ese sentido, se asemeja a la afirmación de Patrick Wolfe sobre la invasión colonial en los procesos de colonialismo por asentamiento (en Australia, Estados Unidos y Palestina, por ejemplo); esos casos no son eventos sino estructura. La lógica de los asentamientos es la eliminación física de la población. La relación que establecen los colonos no es con la población nativa, sino con la tierra, esa es la articulación determinante. Ponen en marcha un proyecto territorial, no una relación social salvo en el sentido negativo. Esa motivación, esa lógica interna es el elemento estable, ella estructura la continuidad y la reproducción del dominio colonial (Wolfe, 1999 y 2008). Como se mencionó, las intervenciones y ocupaciones militares desde los 90 del siglo pasado en la región de mi interés, Medio Oriente, no son eventos, sino estructura, en tanto que generan las condiciones para la reproducción continuada de relaciones coloniales de poder.

Características y temporalidades del presente colonial

La producción espacial y territorial es histórica y a finales del siglo xx, en amplias zonas de Asia y África, tomó formas específicas. Los procesos de dominación y violencia en la extensión del capitalismo y del orden global incluyen la sustitución temporal o permanente de la soberanía por terceros países. El reordenamiento espacial va de la mano con la fuerza militar, económica y política, desde las intervenciones en Yugoslavia en los años 90 hasta las de Libia y Siria dos décadas después.

En América Latina, el proceso comenzó con las políticas neo-liberales y la tendencia a crear las condiciones no solo para el ajuste estructural, sino también para que amplios territorios fueran incorporados a la explotación de recursos renovables y no renovables, a la explotación minera, al monocultivo y a la construcción de megaobras. Todo lo anterior con la colaboración de los gobiernos locales que concesionaron enormes espacios para la explotación del suelo y los recursos. De eso se trata el presente colonial, es decir, a través de la intervención directa se revive la estructura de dominio; el proceso, a diferencia de la propuesta de Gregory (2004), inicia en los 90 con las intervenciones “humanitarias” y se anuda con la guerra contra el terrorismo en el siglo xxi.

El caso de Irak, al que se prestará especial atención, no es el único, aunque en él se muestra de manera muy clara el proceso de “rehacer” el país con la ocupación militar directa. La reflexión sobre el presente colonial empezó tratando de entender las reconfiguraciones de Medio Oriente, el Norte de África y Asia Central en la década de los 90 del siglo pasado y la relación que estas tenían con las políticas coloniales. Se observaba que el control político se extendía sobre personas, recursos naturales, territorios y soberanías, lo que generaba dos efectos complementarios, a saber: la fragmentación territorial y el vaciamiento mediante el desplazamiento forzado de la población.

La fragmentación exponía de manera más aguda la pérdida de soberanía en los casos de ocupación o intervención militar; la segunda, basada en la expulsión y el desplazamiento, ponía en evidencia el despojo violento de la población local. La fragmentación es una modalidad de producción del espacio, responde al capital tanto como a las necesidades estratégicas y, aunque no se seguirá esa línea de trabajo, supone al mismo tiempo la producción de sujetos, subjetividades y de relaciones sociales.3

De todo este proceso se distinguen tres momentos: el primero se inicia con la guerra del Golfo, que no solo condujo a la intervención extranjera, sino que quebró el sistema de alianzas de la región de Medio Oriente y reformuló las políticas represivas internas en cada uno de los países (Martín Muñoz, 2007). A la guerra le siguió una larga década de aplicación de sanciones a Irak, pero el proceso fue más general. Durante la década de los 90, el ejercicio del poder imperial se expresó en las intervenciones durante conflictos internos, como la de Estados Unidos en Somalia (1992) o la de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) en Yugoslavia. Así se dio inicio a un tipo de ordenamiento por medio de las fuerzas militar, económica y política con consecuencias duraderas.

El caso de Kosovo (1999), para Robert Biel (2007), fue claramente el primer diseño de poder estatal generado por completo desde fuera de la sociedad local. Con ello, se refiere a la administración establecida por la onu. A diferencia de Bosnia, la administración internacional en Kosovo no supuso el control del gobierno local, sino el gobierno directo y, a diferencia de Timor Oriental y Eslavonia Occidental, no se estableció fecha final para la ocupación (Fox, 2008).

Véase, por ejemplo, el análisis de David Herrera Santana (2018) sobre las estrategias fragmentarias de las corporaciones y la producción de subjetividades igualmente fragmentarias.

La ocupación humanitaria, observa Gregory Fox (2008), ocurre cuando un actor internacional asume el gobierno sobre un Estado o sobre una parte de este “con el propósito expreso de crear un orden liberal y democrático” (p. 4). Con variaciones, es lo que ocurre en los cuatro casos: Kosovo, Timor Oriental y la zona croata de Eslavonia Oriental, donde el actor internacional es la Organización de las Naciones Unidas (onu); y Bosnia, donde hubo una intervención de la otan (1995). Aunque la intervención en Kosovo se celebró como la primera guerra por los derechos humanos, su desarrollo se pareció mucho a las viejas guerras, lamenta Mary Kaldor (2001). La autora sostiene una postura favorable sobre la intervención para proteger a los civiles, ya que considera un deber de los miembros de la sociedad global terminar guerras como las de los Balcanes.4

El segundo momento de reconfiguración se sitúa en 2001, desde los atentados del 11 de septiembre. Los gobiernos de la región de Medio Oriente y Norte de África se enrolaron rápidamente en la “lucha contra el terrorismo” impulsada por Estados Unidos. Esta combinación simultánea de injerencias externas y gobiernos autoritarios fragmentó y militarizó la zona. Afganistán, ocupado en 2001 por Estados Unidos y sus aliados de la otan, fue la primera víctima de esta lógica de las relaciones internacionales del siglo xxi; le siguió la ocupación de Irak en 2003, orquestada por una coalición multilateral, principalmente entre Estados Unidos y el Reino Unido. A diferencia de la década anterior, durante la campaña global contra el terrorismo, cada ocupación militar esgrime el argumento justificador de conducir el cambio de régimen y así establecer las condiciones para un gobierno estable y seguro para la comunidad internacional.

Mary Kaldor (2001) sostiene que en las décadas de los 80 y los 90 del siglo xx se desarrolló un nuevo tipo de violencia organizada que denominó las nuevas guerras. Este es aplicable, por ejemplo, a Bosnia Herzegovina, caso caracterizado por los objetivos políticos referidos a las identidades etnoculturales, sus formas globalizadas y por la variedad de actores involucrados (Estados, grupos políticos, milicias, crimen organizado). Por oposición, las viejas guerras se libraban entre Estados por disputas territoriales, centralizadas y financiadas por el Estado y mediante el uso de las fuerzas militares tradicionales.

El tercer momento de reconfiguración de Medio Oriente y Norte de África se relaciona con las revueltas antigubernamentales que atraviesan toda la región, en protesta por las condiciones domésticas, aunque también por las políticas de sus gobiernos que aceptan las recetas neoliberales, así como la intervención de Estados Unidos y de sus aliados en la región. Las protestas empezaron a registrarse desde los 90 e hicieron eclosión a finales de 2010; multitudes salieron y ocuparon las calles para repudiar el autoritarismo, la corrupción, el mal gobierno, la violencia estatal y a las élites de larga duración en el poder. Pese a que parecía una ventana de oportunidad, al proceso de las protestas le siguió la fractura interna de los Estados, confrontaciones y nuevas intervenciones militares (Libia, Siria y Yemen), así como el regreso y consolidación de estilos autoritarios de gobierno.

Como corolario, desde inicios del siglo xxi, corren en paralelo las fracturas internas de esos Estados, los procesos de ocupación y distintas formas de dominio colonial. Más puntualmente, Hamid Dabashi (2020) sostiene que las revoluciones árabes desde 2011 fueron exitosas, al poner en crisis definitiva el paradigma del Estado-nación sostenido desde el Acuerdo Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia en 1916 como modelo colonial para desmontar el Imperio otomano. La fractura, añade, alcanzó también la articulación entre Estado y nación, e hizo que las naciones dejaran de ser la fuente de legitimidad de Estados que se han distinguido por la violencia y el autoritarismo; en ese sentido, fue un triunfo ciudadano, contradictorio e irresuelto, frente a las élites gobernantes.

Para Moisés Garduño (2017), el desmantelamiento del régimen Sykes-Picot y la erosión del régimen de fronteras produjo nuevas territorialidades de actores regionales, como el Estado islámico, así como la intervención de actores extrarregionales no solo de Estados Unidos. Se configura un nuevo mapa de la región con un destino más bien incierto.

La temporalidad en el caso palestino es distinta; esta se mantuvo bajo el dominio colonial no solo desde 1967 sino desde el siglo xix. Los Acuerdos de Oslo, en la década de los 90, reajustaron y profundizaron su condición de territorios bajo dominio colonial. Esta situación ocurre, para Stephen Howe (2002), cuando un Estado o un grupo de ellos reclama el derecho al ejercicio de la soberanía sobre otro grupo y a formar el destino de este último. Puede suceder también como Osterhammel y Jansen (2019) expresan al definir colonialismo:

Una relación de dominio entre colectivos, en que las decisiones fundamentales sobre la forma de vida de los colonizados son tomadas y hechas cumplir por una minoría cultural diferente y poco dispuesta a la conciliación de amos coloniales que dan prioridad a sus intereses externos (p. 27).

En mi opinión, más allá del caso palestino, estas formas actuales de dominio sobre regiones enteras a través de la ocupación militar o la expropiación sistemática de los bienes de comunidades y sociedades son en esencia formas coloniales.

Las formas de violencia: ocupación y derecho internacional

Llegados hasta aquí, las preguntas que surgen son qué condiciones permitieron o facilitaron esa nueva configuración territorial desde la década de los 90 del siglo pasado y con qué instrumentos algunos Estados claramente avanzan sobre otros. El derecho internacional, tanto el establecido en siglos pasados como la producción más reciente, ofrece algunas claves para la comprensión de cómo se cristaliza el orden global pasado y reciente. Después de todo, la escritura del derecho ordena, jerarquiza, incluye y excluye. El historiador del derecho Paolo Grossi (2003) plantea muy bien esta cuestión:

El derecho moderno está tan marcado por su esencial vinculación con el poder político que aparece como el mandato de un superior a un inferior de arriba a abajo, visión imperativa que lo identifica con una norma, es decir, con una regla autorizada y autoritaria […] (p. 16).

Dados esos componentes, no es de extrañar que la rama del derecho que llamamos internacional, que expresa el consentimiento entre Estados soberanos e iguales, tenga una fuerte atadura con el poder colonial y haya ocupado un lugar destacado en las políticas imperiales durante toda la época moderna. Antony Anghie (2016)5 señala que los enfoques convencionales del derecho internacional precisamente han silenciado la relación entre el derecho y las diversas formas de dominación imperial sobre poblaciones no blancas. Para él, no hemos puesto los procesos en el orden correcto. Los imperios no trajeron la modernidad y con ella el orden. La universalización de las doctrinas legales y jurídicas coloniales fue producto de la exclusión de la producción del derecho del mundo no occidental por considerarla inferior y no civilizada. La racionalización de la diferencia legal entre europeos y no europeos no solo legitimó la conquista y la explotación, sino que favoreció que se forjara una relación simbiótica entre colonialismo y derecho internacional y que este último fuera formado por el primero.

Antony Anghie (2004 y 2016), Achille Mbembe (2018) y Costas Douzinas (2006) coinciden en la lectura sobre el derecho internacional en una crítica nodal: la relación entre Estados, basada en el modelo westfaliano, cruzado por el colonialismo y el imperialismo, nunca fue una relación entre soberanos. El mundo no occidental siempre estuvo en condición subordinada e inferior, y por tanto, abierto a la conquista y la desposesión. En la medida en que los colonizados son considerados inferiores porque carecen de soberanía, existen como objetos del derecho internacional, pero no como sujetos; la situación se mantiene después de la descolonización (Anghie, 2016; Douzinas, 2006).

En cierta medida, esta innovación teórica se debe al fructífero encuentro entre corrientes intelectuales críticas del derecho con enfoques tercermundistas. Algunas y algunos de los intelectuales forman parte del movimiento de Perspectivas Tercermundistas del Derecho Internacional (Third World Approaches to International Law, twail) y los estudios poscoloniales (Agamben, 2003/2007, 1995/2017; Anghie, 2004, 2016; Orford, 2003; Douzinas, 2007). La guerra contra el terrorismo, los eventos del 2001, el extraordinario flujo migratorio de 2015 proveniente de zonas ocupadas o asediadas por la pobreza y, sin ir más lejos, la debacle de la retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto del 2021 no han hecho más que reavivar el interés, los debates y las reflexiones sobre estas temáticas.

Existen momentos de auge; el imperialismo del siglo xix es simultáneo a la universalización del derecho internacional. Achille Mbembe (2018) hace notar tal coincidencia:

Precisamente, a fines del siglo xix, se sientan las bases de un derecho internacional humanitario. Ese derecho, entre otras cosas, apunta a “humanizar” la guerra. Emerge cuando la “guerra de brutalización” está en todo su apogeo en África. Las leyes modernas de la guerra son formuladas por primera vez en las conferencias de Bruselas en 1874 y luego de La Haya en 1899 y 1907. Pero el desarrollo de principios internacionales en la materia no cambia necesariamente la conducta de las potencias europeas en el terreno. Así fue ayer, así es hoy (p. 35).6

Las regulaciones del siglo xix se complementan con la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que obligan a la protección de civiles en tiempos de guerra.7 En el mismo periodo en que se consolidan el discurso legal y la producción de normas internacionales sobre la ocupación derivadas de la guerra —desde el siglo xix a la descolonización—, están excluidas de cualquier escrutinio las ocupaciones coloniales existentes y la violencia que se ejerce en ellas. En dichos territorios no se aplican las regulaciones que protegen, las cuales no fueron elaboradas o siquiera consultadas con las poblaciones colonizadas. Las leyes de ocupación en el derecho internacional regulan las relaciones y formas de guerra entre Estados soberanos europeos y no aplican a una enorme extensión del mundo que se encontraba bajo gobierno colonial. Desde el origen tienen un componente claro de racialización basado en la distinción y la jerarquía entre un Occidente civilizado y el resto del mundo no europeo.

6 La Conferencia de Paz de La Haya de 1899, reunida por iniciativa del zar Nicolás II, supuso el comienzo de una tercera fase en la historia moderna del arbitraje internacional y condujo a la adopción de un convenio para el arreglo pacífico de las controversias internacionales.

7 Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales conforman el derecho internacional humanitario, regulan los conflictos armados, dan protección a los civiles, a quienes se ocupan de atención sanitaria y a quienes no participan en las confrontaciones o que ya no pueden hacerlo, como los heridos o prisioneros de guerra.

En resumen, el derecho internacional promueve la centralidad de la “civilización” sin contemplar otros puntos de vista, por ejemplo, otras construcciones legales en materia de la guerra y de las relaciones internacionales. Promueve una lectura de los “problemas” e igualmente de sus “soluciones” desde el centro hegemónico. Es muy fácil observar cómo este mecanismo opera en la elaboración de justificaciones de las guerras e intervenciones al sostener, por ejemplo, que las mujeres deben ser salvadas de sus propias sociedades, como en Afganistán o en Irak. No deberíamos olvidar este pecado original cuando evaluamos el derecho de ocupación aplicado en las últimas tres décadas.

Resulta claro que la escritura del derecho no es cualquier escritura. El derecho internacional, referido a la ocupación, reescribe una parte de la historia de las zonas ocupadas. Cuando se revisa, se da un nuevo paso para comprender qué y cómo se permite esta geografía de muerte, por qué son posibles, y a veces permisibles, las acciones aun cuando no hayan sido consensuadas en la onu

o por qué Estados Unidos actúa con impunidad y más allá de toda norma.

Esa distinción en el orden de las cosas, el punto de fuga en el que se amalgaman lo legal y lo ilegal, es el tema que indaga Giorgio Agamben en Estado de excepción, “el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea” (2003/2007, p. 25). Agamben representa el Estado de excepción como un espacio vacío, que desconecta el derecho de la vida. Eficazmente las normas pueden ignorarse en el terreno internacional y declararse como excepcionales en el interior con la pretensión de que aún lo que aplica puede seguir llamándose derecho.

Si las guerras no son las de antes, como sostenía Mary Kaldor, tampoco las reglas de la guerra lo son. La ley en su letra es un universo preciso acotado por épocas. Carol Smart (1994) nos precavía de que el derecho debe entenderse en más de un sentido: como ley escrita que resulta de un proceso político al que se le aplican convenciones que orientan su interpretación; como práctica, donde también se sitúan los actores (abogados, jueces, policías) que interpretan la ley cotidianamente; y, finalmente, el derecho como aquello que la gente cree que es, así como las acciones que realiza guiadas por él. Es decir, tenemos el texto de la ley, sus interpretaciones (juristas, instituciones, Estados), las relaciones e instituciones asociadas y las prácticas; todo ello es al final el derecho situado, temporalmente definido.

Por ejemplo, el humanitarismo decimonónico no se parece mucho a su homónimo de la posguerra fría, que impulsó la intervención en los asuntos internos de países en desarrollo y el uso de sanciones económicas por razones humanitarias. Fueron cambiando las agendas en el transcurso del tiempo y también lo que se interpretaba como razón humanitaria. Costas Douzinas (2007) argumenta que, una vez que se rompió el principio de neutralidad, quedó el camino abierto para demandar la intervención militar, solo que no todas las políticas y regulaciones que cuidan los límites de la acción estatal asumen el lenguaje de los derechos. Los prisioneros políticos, en el caso de Guantánamo, no tienen derechos porque son considerados terroristas y una amenaza a la seguridad. He ahí los límites del humanitarismo.

Es una amarga comprobación: los años 90 fueron un cambio de época y no para bien. Anne Orford (2003) se basa en una puntillosa y crítica lectura de los textos legales para concluir que la intervención militar humanitaria va tomando forma imbuida de legalidad y moralidad. Ello se debió a que el Consejo de Seguridad se sacudió su aletargamiento al final de la Guerra Fría y comenzó a producir resoluciones que ampliaban las nociones de lo que se consideraba acto de agresión, ruptura de la paz, garantías a los derechos humanos o a la democracia, así como abusos humanitarios, que resonaban no solo en la onu, sino también en los círculos políticos, de juristas y especialistas.

En este escenario se desarrollaron las ocupaciones militares como una forma específica de violencia. En este texto se sostiene que son nuevas formas globales de violencia las que emergen en los años 90, entrelazadas con los procesos de acumulación de capital y con las formas de recomposición de las relaciones de subordinación. La primera inquietud al respecto es por qué el tema de la ocupación militar se leía solo como un resultado, cuando claramente era y es un proceso estructurante. Analizar la ocupación únicamente como un resultado tiene un efecto despolitizante y oculta su calidad de dispositivo para construir el presente colonial que aquí se está tratando.

Sobre esto, es importante hacer un acercamiento a la ocupación militar, sus interpretaciones y nuevas formulaciones legales. Para empezar, ¿qué define una ocupación, más allá de la fuerza militar? Para David Edelstein (2008), “la ocupación militar es el control temporal de un territorio por un estado (o grupo de estados aliados) que no reclama la soberanía permanente sobre ese territorio” (p. 3). Edelstein agrega que la ocupación requiere una injerencia militar por la fuerza e implica administración civil o militar y alguna forma de gobierno. Es requisito que dicha ocupación sea temporal y, aunque no se establezca una fecha precisa, el poder ocupante debe retirarse cuando las metas se hayan cumplido y devolver el control del territorio al gobierno indígena. La ocupación, sin embargo, debe ser lo suficientemente larga como para diferenciarse de una intervención y claramente de la anexión

o adquisición permanente de territorios y del colonialismo. Como ejemplos, el autor cita la presencia británica en Egipto de 1882 a 1954 como caso de ocupación y la presencia en India como caso de colonialismo.

Otra diferencia que establece Edelstein es que, en la ocupación, quienes ocupan y quienes son ocupados quieren finalizar la ocupación, mientras que en el colonialismo son los colonizados los más ansiosos en hacerlo. En resumen, la diferencia de la ocupación con otras formas de dominio es la duración, quizás porque la intención explícita de permanecer produce dinámicas diferentes a si la permanencia es temporal.

En todo caso, los énfasis importan. Edelstein intenta resolver por qué algunas ocupaciones militares tienen éxito y otras fracasan, aunque no cuestiona sobre quiénes fijan las metas y cuándo

o cómo se consideran cumplidas. A Peter Stirk (2009), por otra parte, le preocupa el ejercicio concreto del control. Para Stirk, la ocupación militar es una forma de gobierno impuesta por la fuerza o la amenaza de usarla, que establece un tipo de obligaciones mutuas entre las partes (ocupantes y ocupados), aunque no implican lealtad de los últimos. No puede convertirse en anexión, que tiene la calidad de permanente, y si bien amenaza la integridad de la comunidad ocupada, quizás el ocupante, según su juicio, sea el único guardián real de esa comunidad. El autor señala las contradicciones entre la necesidad de transformar un régimen por razones humanitarias y la expresa prohibición contenida en el artículo 43º del Reglamento de La Haya de 1907 (cicr, 1907)8 para llevarla a cabo. Si bien está de acuerdo con la idea de evitar que los intereses económicos o estratégicos de los ocupantes movilicen el cambio de régimen, sugiere que este puede ser la única garantía para que la ocupación no se mantenga por tiempo indefinido (Stirk, 2009).

Las preocupaciones de Stirk muestran las tensiones de un derecho internacional que avanza para justificar la ocupación, aunque mantiene el principio de preservar la autodeterminación. Esto sucede cuando las motivaciones de cambio de régimen son exactamente lo contrario a la autodeterminación e implican la reforma de las leyes, incluida la constitución, para acceder a la propiedad de la tierra, de los recursos o eliminar cualquier obstáculo a la inversión extranjera. Para el autor, la solución parece ser que el derecho internacional contemple la ocupación como una forma de gobierno antes de restaurar la soberanía a la población original y, de ese modo, quitar los obstáculos para una profunda transformación del país ocupado.

Edelstein y Stirk dejan flotando algunas preguntas inquietantes: ¿qué tan temporal tiene que ser la ocupación?, ¿cómo y quién

o quiénes resuelven el gobierno sobre el territorio ocupado?, ¿qué tan legítima es la aplicación de reformas y qué tan radicales pue-

Sección III. De la autoridad militar sobre el territorio del estado enemigo.

Art. 42. Se considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo.

La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse.

Art. 43. Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante, este tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país (cicr, 1907).

den ser? El caso de Irak ofrece muchas posibilidades de análisis. En él vemos cómo se interpretan y aplican las normas y convenciones internacionales, en particular el Reglamento de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907, la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 e, incluso, las atribuciones del Consejo de Seguridad de la onu.

Podría señalarse que, en concordancia con aquellas normas, tres resoluciones del Consejo de Seguridad de la onu dieron vida y forma a la ocupación iraquí y al gobierno directo de los ocupantes: las resoluciones 1483, 1511 y 1546 que se comentan en adelante, y que fueron citadas una y otra vez en los documentos oficiales.

Inicialmente, Estados Unidos esgrimió dos argumentos para usar la fuerza militar contra Irak. Por un lado, la necesidad de desarme de Irak para restaurar la paz y la seguridad internacionales y, por otro, el derecho de autodefensa. En cualquier caso, fue dudosa la legalidad del uso de la fuerza contra Irak y, una vez finalizadas las principales operaciones militares, fue controversial el estatus de la coalición bajo el derecho internacional aplicable.

Precisamente, la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la onu (2003a)9 resuelve esos problemas: legaliza la ocupación de Irak por parte de la Coalición, reconoce a Estados Unidos y al Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) como poderes ocupantes con “la autoridad, la responsabilidad y las obligaciones específicas que, en virtud del derecho internacional aplicable, corresponden a esos Estados en su calidad de potencias ocupantes bajo un mando unificado (la ‘Autoridad’)” (onu, 2003a, párr. 13); con facultades amplias para gobernar por un tiempo indefinido y administrar el territorio, como se establece en la disposición 4; para restablecer y formar instituciones políticas en coordinación con el representante especial para Irak nombrado por el secretario general, como se establece en la disposición 8. Es-

El texto de la resolución sigue las líneas generales definidas en la carta que los representantes de Estados Unidos y del Reino Unido envían al Consejo de Seguridad el 8 de mayo de 2003, citada en el párrafo 13 de la resolución (onu, 2003a).

to último, para apoyar la formación de una administración iraquí de transición así establecida en la disposición 9; decidir y supervisar, en consulta con la autoridad iraquí provisional, el uso de los recursos del exprofeso creado Fondo de Desarrollo a cargo del Banco Central Iraquí, resultado de las exportaciones —en libre competencia— de petróleo, toda vez que se dio por finalizado el programa Petróleo por Alimentos, de productos derivados del petróleo y gas natural, de la transferencia de recursos y activos financieros situados en el exterior y pertenecientes al gobierno iraquí o a miembros del régimen, así señalados en las disposiciones 12, 13, 14, 16, 20 y 23 (onu, 2003a). Para todo lo anterior, se alentó al apoyo activo de los Estados miembros y de la onu en los procesos de reconstrucción política, económica y asistencia humanitaria, entre otras disposiciones.

La Resolución 1511 del Consejo de Seguridad de la onu (2003b) reafirma la soberanía e integridad territorial de Irak y el carácter temporal de las responsabilidades, competencias y obligaciones de la autoridad, conferidas por la Resolución 1483, “que cesarán cuando un gobierno representativo y reconocido internacionalmente, establecido por el pueblo del Irak, preste juramento y asuma las responsabilidades de la Autoridad” (onu, 2003b, párr. 8). En la disposición 13, autoriza a las fuerzas multinacionales bajo el mando unificado a que adopten las medidas necesarias para mantener la seguridad y estabilidad en Irak (onu, 2003b).

Aunque esta resolución refiere a la administración provisional iraquí —Consejo de Gobierno y ministros—, en un párrafo del preámbulo y en once de los párrafos de las disposiciones, en especial por la preparación de trabajos constitucionales, queda claro su rol subordinado a la Autoridad Provisional de la Coalición (apc) y que esta mantiene las funciones y atribuciones de gobierno, como se observa en la disposición 6 (onu, 2003b), como se verá por toda la normativa emitida por la apc que se comenta más adelante.

Finalmente, la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la onu, aprobada por el Consejo de Seguridad el 8 de junio de 2004 (onu, 2004), estipula la transferencia de autoridad al gobierno provisional soberano de Irak para el 30 de junio de 2004 y la desaparición de la apc. Aunque el texto señala el final formal de la ocupación, las fuerzas multinacionales siguen manteniendo el control efectivo del territorio iraquí porque, como argumenta Benvenisti (2012), sus poderes fueron garantizados por las normas previas desde los inicios de la ocupación, los miembros del gobierno fueron nombrados por la apc y derivan su autoridad de las disposiciones emanadas de la apc.

De manera casi natural, surgieron una serie de interrogantes sobre los alcances del derecho de ocupación, si el Consejo de Seguridad excede sus funciones, establecidas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, al legalizar la ocupación de Irak o si, simplemente, llena los vacíos normativos. Lo cierto es que las resoluciones del Consejo de Seguridad, en especial las comentadas, sitúan a las fuerzas ocupantes dentro del derecho internacional vigente y dotan a la apc de tan amplios poderes que les fue posible no solo cambiar el régimen, sino “rehacer” Irak, controlar los procesos e instituciones económicas, políticas y financieras, y aplicar un plan de reformas de gran calado, complementadas con una profusa producción normativa de la apc, con escasos controles externos.

Para Mahmoud Hmoud (2004), la Resolución 1483 no legaliza el uso de la fuerza militar contra Irak ni está basada en las normas humanitarias internacionales o la Carta de Naciones Unidas, sino que fue una salida pragmática del Consejo de Seguridad ante un hecho dado. Tampoco los poderes ocupantes actúan en nombre del Consejo para hacer cumplir las resoluciones relativas al desarme como preocupación dominante en la coyuntura y toda la década anterior.

Por su parte, Marten Zwanenburg (2004) y Eyal Benvenisti (2012) no solo consideran las resoluciones del Consejo de Seguridad en sintonía con el derecho internacional, sino que ven como necesaria la complementariedad entre derecho de ocupación, las resoluciones del Consejo de Seguridad y las disposiciones emitidas por la apc para lograr la estabilidad y los procesos de transición en el país ocupado. Sin demasiadas consultas con los ocupados o cuando menos no con todos, esas normas fueron el precio a pagar.

Benvenisti (2012) argumenta que los cambios radicales introducidos por los ocupantes, aun cuando rozan los límites de la legalidad, se justifican por la inmediata ayuda y la posibilidad de sobrevivencia que ofrecen a una población devastada por los años de guerra, privaciones y conflicto interétnico. Ahí está, intacto, el principio del mejoramiento de la vida de los colonizados, del bien mayor en los beneficios de la ocupación. La perspectiva del autor tampoco considera que la década de sanciones sobre Irak afectó básicamente a la sociedad iraquí y que, no por ello, la ciudadanía iraquí celebraría la ocupación aun cuando se opusieran y resistieran al régimen de Sadam Huseín.

Ya es posible vislumbrar todo lo que lo anterior supuso. La ocupación militar de Irak fue mucho más que derribar la estatua de Sadam Huseín, aunque este fue todo un gesto revelador sobre la destrucción que se avecinaba. La administración de la ocupación comenzó en febrero de 2003, a través de la Oficina para la Reconstrucción y Asistencia Humanitaria (orha), dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y en mayo comenzó el gobierno directo de la Autoridad Provisional de la Ocupación a cargo de Paul Bremer. Parte de ese tiempo fue usado para desestructurar el Estado, el partido Baaz, el aparato militar y la burocracia.

En el proceso de reformulación del sistema político posterior a Sadam Huseín, que incluye la confección de la constitución, hubo un rediseño de las instituciones políticas, económicas y de administración de justicia, así como una reasignación de quienes serían los agentes económicos principales (empresas y contratistas extranjeros). Es cierto que hubo actores iraquíes que acompañaron el proceso, e incluso trabajaron en conjunto con los ocupantes mucho antes de 2001, y que hubo una “transición” a un gobierno local. Sin embargo, toda la modalidad —incluido el proceso previo de sanciones económicas aplicadas durante la década de los 90— siguió un libreto colonial, de imposición de nuevas condiciones a la luz de intereses externos a través de una completa reingeniería del país en todos los niveles. Naturalmente, no fueron metas fáciles de lograr porque la resistencia civil y militar se desarrolló con rapidez.

Como se ha visto, la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad otorgó amplias facultades ejecutivas, legislativas y judiciales a las potencias ocupantes. Con esa cobertura, la apc generó un complejo orden legal interno. Entre el 16 de mayo de 2003 y el 30 de junio de 2004 se promulgaron un centenar de órdenes (en la jerarquía legal, equivalentes a decretos leyes), doce reglas o normas generales (refieren a las instituciones y autoridades, por ejemplo a la apc o el Consejo de Gobierno), diecisiete memorandos de carácter procedimental y una decena de notas públicas, las cuales notifican medidas específicas que cubren todos los aspectos de la vida del país; la mayoría han sido redactadas en inglés y solo traducidas al árabe cuando han entrado en vigencia (Brown, 2004). Las normas promulgadas por la Autoridad Provisional se mantienen en vigor durante la transición y más allá de ella porque crean

o redefinen instituciones que permanecerán, del mismo modo que fueron los medios para la desbazzificación, la abolición de instituciones del régimen anterior y la creación de otras nuevas.10

El primer paso para la reforma económica está escrito en el corazón mismo de la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad, aprobada el 22 de mayo de 2003. Esta se refiere a la creación del Fondo de Desarrollo para Irak a cargo del Banco Central Iraquí, que sería auditado internamente por contadores aprobados por la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión del Fondo de Desarrollo. Dicho ente se reuniría con representantes cualificados de la Secretaría de Naciones Unidas, del Fondo Árabe para el Desarrollo Social y Económico, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto se observa en la disposición 12 de la Resolución 1483 (onu, 2003a).

10 Ver, por ejemplo, las siguientes órdenes de la apc: Orden 1: De-Baathification of Iraqi Society, 16 de mayo 2003; Orden 2: Dissolution of Entities, 23 de mayo de 2003; Orden 4: Management of Property and Assets of The Iraqi Baath Party, 25 de mayo de 2003; Orden 5: Establishment of the Iraqi De-Baathification Council, 25 de mayo de 2003; Orden 22: Creation of A New Iraqi Army, 7 de Agosto de 2003; Orden 28: Establishment of the Iraqi Civil Defense Corps, 3 de septiembre de 2003. Todas las normas promulgadas por la apc pueden ser consultadas en https://govinfo.library.unt.edu/cpa-Irak/regulations/

Según la propia resolución establece, el uso de tales fondos será decidido y supervisado por la apc, en consulta con el gobierno provisional iraquí,

[…] para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo iraquí, llevar a cabo las tareas de reconstrucción económica y reparación de la infraestructura del Iraq, continuar con el desarme del Iraq, y hacer frente a los gastos de la administración civil iraquí, así como para otros fines que vayan en beneficio de la población del Iraq (onu, 2003a, § 38).

Una parte de esos fondos tiene su origen en las sanciones aplicadas a Irak desde 1991, como se establece en la disposición 17 de la Resolución 1483 (onu, 2003a), lo que equivale a decir que Irak pagó y pagará por largo tiempo la guerra en su contra, la ocupación y los costos de la guerra.

Una parte sustancial del Fondo de Desarrollo para Irak —95%, una vez descontado el 5% destinado al Fondo de Indemnizaciones—, se origina en la totalidad de las ventas por la exportación de petróleo y derivados, así como de las ventas de gas natural, como se establece en la disposición 20 de la Resolución 1483 (onu, 2003a). Son recursos blindados judicialmente por cuatro años ante posibles reclamos relativos a la deuda soberana, como se señala en las disposiciones 15 y 22 de la Resolución 1483 (onu, 2003a), y se incrementan con los fondos y bienes del programa Petróleo por Alimentos, que se suman a las actividades controladas por la apc antes de cesar definitivamente su funcionamiento en los siguientes seis meses, como se establece en la disposición 16 (onu, 2003a).

El Fondo de Desarrollo para Irak es la llave de acceso a los recursos petroleros, introduce las reglas del juego del libre mercado y otorga a la apc el control de contratos, financiamientos y condiciones crediticias. La Regla 2 de la apc, promulgada el 10 de junio de 2003, describe la integración del Fondo, designa las responsabilidades en la administración, el manejo financiero y el bancario; el control, el uso y la disolución de este y lo detalla en gran medida como lo adelanta la Resolución 1483. Inicia con la fórmula de que este se establece en beneficio del pueblo iraquí, si bien las necesidades serán aprobadas por la autoridad ocupante.

Se da un fuerte impulso a las reformas de liberalización económica con la Orden 39, que formula la ley de inversiones extranjeras, y con la cual se decreta la transición de “una economía no transparente centralmente planificada a una economía de mercado caracterizada por el crecimiento económico sustentable a través del establecimiento de un sector privado dinámico[…]” (apc, Orden 39, 19 de septiembre de 2003, § 8). Implica la completa apertura a las inversiones externas y la operación desregulada para la constitución, operación y movimiento de capital de las compañías. Este movimiento fue acompañado por la promulgación de la Ley del Banco Central en marzo de 2004 en la Orden 56 (apc, 1 de marzo de 2004), por la sustitución mediante ley de la anterior Bolsa de Valores (apc, Orden 74, 18 de abril de 2004) y por el diseño de políticas fiscales (con la Orden 37 del 19 de septiembre de 2003) y crediticias a través del Banco Central. Con el mismo sentido de romper restricciones se reemplazaron o modificaron leyes previas (la Ley 21/1997 de sociedades mercantiles —Orden 64 del 29 de febrero de 2004—, la Ley 3/1971 de propiedad intelectual para que se adecue a los estándares internacionales y la de la Organización Mundial de Comercio, según la Orden 83 de la apc del 29 de abril de 2004).

La formulación legislativa abarca el derecho penal, en sustancia y en materia procedimental,11 la administración y procuración de justicia, así como el sistema judicial.12 El nuevo orden jurídico y legal se corona con las órdenes del segundo año de cara a la transición política y se inicia con la formación de la Comisión Electoral

11 Se refiere a la Orden 7 de la apc: Penal Code, 9 de junio de 2003; Orden 19: Freedom of Assembly, 9 de julio de 2003, refiere a las restricciones a la libertad de reunión y manifestación bajo ocupación; Orden 31: Modifications of Penal Code and Criminal Proceedings Law, 10 de septiembre de 2003.

12 Se refiere a la Orden 13 de la apc: The Central Criminal Court of Iraq, con revisiones y enmiendas del 22 de abril de 2004; Orden 35: Re-Establishment of The Council of Judges, 13 de septiembre de 2003.

Independiente, establecida en la Orden 92/2004, que conducirá el proceso y está facultada, principalmente, para integrar el padrón de electores, certificar candidaturas, partidos políticos y resultados. La primera sección del documento asegura que la estructura de la Comisión garantiza su independencia y que puede beneficiarse de la experiencia de entidades, como la onu, de administrar con imparcialidad elecciones “en naciones que emergen de periodos de tiranía, conflicto y luchas violentas” (apc, Orden 92, 31 de mayo de 2004). El siguiente instrumento es la Ley Electoral que establece la conformación de la Asamblea Nacional del gobierno iraquí de transición, mediante “elecciones genuinas y creíbles” (apc, Orden 96, 7 de junio de 2004, sección 1), y que contará con 275 diputados electos mediante voto directo, universal y secreto en las jornadas electorales por realizarse hacia finales de diciembre de 2004 y, a más tardar, el 31 de enero de 2005.

El paquete legislativo contiene la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas13 y claramente el rasgo más interesante es el sistema de exclusiones que establece la Orden 97 en su Sección 4, no. 3, incs. a y b; y la Orden 91, que estipula que ningún partido puede estar asociado o financiado con fuerzas armadas, milicias

o elementos “residuales” (exmiembros de fuerzas o milicia que se han acogido al Plan de Reintegración pero aún están en proceso de desmovilización),14 con la excepción de miembros de seguridad privada y contratistas. Una elección restringida en toda regla y con padrones rasurados.

La Constitución del Periodo de Transición (Transitional Administrative Law, tal), aprobada por la apc y el Consejo de Gobierno iraquí, rige hasta la realización de elecciones en 2005; una constitución permanente se redactaría una vez elegido el nuevo gobierno. La legitimidad quedó en cuestión puesto que no solo el texto de transición establecía provisiones para el proceso consti

13 Se refiere a la Orden 97 de la apc: Political Parties and Entities Law, 7 de junio de 2004.

14 Se refiere a la Orden 91 de la apc: Regulation of Armed Forces and Militias within Iraq, 2 de junio de 2004.

tuyente posterior, sino que ambos textos fueron redactados bajo ocupación (Brown, 2004 y 2005). Con lo narrado, no se ve distancia alguna entre estas prácticas y las formas coloniales de dominio. De eso se trató el cambio de régimen impulsado desde la década de los 90 y afianzado con la ocupación militar, aunque haya mantenido el discurso de las razones humanitarias en favor de la sociedad iraquí.

Hace años George Balandier (1970), hablando de la “importancia de los hechos políticos y de los métodos administrativos”, reflexionaba sobre estas prácticas, sobre las modalidades de imposición de control y de construcción de la explotación a través de las formas administrativas. Y concluyó que “administrar un país colonial supone otros modos de acción, otras empresas; se trata de controlar el país, de ‘tenerlo sujeto’, y el sistema administrativo queda inserto en el corazón mismo de la sociedad colonizada” (p. 18).

Es difícil imaginar todo este proceso bajo la ocupación sin relacionar su contenido y desarrollo con lo que Ugo Mattei y Laura Nader definen en su obra Saqueo: cuando el estado de derecho es ilegal (2013), es decir, con el rol del derecho en la instauración de un patrón de prácticas violentas de saqueo realizadas por Estados Unidos y naciones europeas, tanto bajo el colonialismo como bajo la actual globalización del capitalismo corporativo: “(La) transformación del Estado de derecho ideal en una ideología imperial ha acompañado el paso de una necesidad de justicia social y solidaridad hacia los requerimientos capitalistas de eficiencia y competencia” (Mattei y Nader, 2013, § 6).

La democracia como bandera y como arma debería ser objeto de otro escrito; la trama legal que se construye contribuye a la formación de las condiciones para la acumulación de capital en el espacio y en el tiempo; permite el proceso de “acumulación por desposesión” a través de la guerra para reactivar las relaciones capitalistas y de intercambio en condiciones de asimetría (Harvey, 2003/2007).

Después de todo este recorrido, resaltan dos observaciones. Una es el carácter productivo de la ley. En ausencia de la voluntad general, esa profusión de normas alrededor de la ocupación, y sancionadas por la ocupación, produce un orden con su jerarquía: un arriba y un abajo, dominio y subordinación, donde la soberanía de territorios y cuerpos locales pierde sustancia y ascienden el disciplinamiento y la criminalización de la resistencia o cualquier forma de “desorden”. Se intenta que el edificio normativo, en el sentido de comando, se mantenga después de la desaparición nominal de la apc, en el tránsito a gobiernos locales con distintos grados de autonomía mientras las fuerzas militares siguen en territorio iraquí. En ese sentido, el resultado de la ocupación no es un episodio que inicia y termina, sino que es profundamente estructurante, es colonial en su dinámica y en su lógica interna de reproducción.

Por otro lado, con la soberanía se abre una nueva discusión sobre los territorios y las construcciones del derecho internacional. Stuart Elden (2010) observa que existen dos definiciones dominantes de territorio en los estudios; en una, el territorio es visto como un espacio delimitado bajo el control de un grupo, normalmente un Estado; en la otra, es concebido como el resultado de la territorialidad, de la conducta o la estrategia humana. Ambas definiciones no son excluyentes (p. 757). A partir de estas nociones, localiza la construcción legal del concepto integridad territorial en las primeras décadas del siglo xx, concretamente en los Acuerdos de Locarno (1925),15 que refiere concretamente a la inviolabilidad de fronteras entre Alemania y Bélgica y entre Alemania y Francia, noción adoptada veinte años después en la Carta de Naciones Unidas.16

La idea de integridad territorial en los Acuerdos de Locarno se abre en dos nociones específicas: soberanía territorial y preservación territorial, que se unieron para dar estabilidad en la segunda

15 Los Acuerdos de Locarno del 16 de octubre de 1925 se firmaron entre Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra e Italia para establecer las garantías a las fronteras trazadas y la inviolabilidad de dichas fronteras.

16 El artículo 2º de la Carta de las Naciones Unidas, inciso 4, establece como uno de los principios que los miembros de la onu se abstendrán de hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia de otros Estados.

posguerra —dice Elden (2009)—, pero volvieron a separarse con las intervenciones humanitarias y con lo que el autor llama soberanía contingente de los años 90, ideas que desarrolla a profundidad en su libro Terror and territory. The spatial extent of sovereignty.

Los poderes ocupantes en Irak insistieron en la necesidad de preservar las fronteras —el mantra de la unidad territorial es citado una y otra vez en los documentos oficiales—, pero no en el ejercicio de la soberanía sobre ese territorio ni en el sentido de independencia de la sociedad local. La soberanía de Irak se vuelve contingente, dice Elden, por las condiciones que genera la intervención, pero además porque en el derecho internacional la soberanía queda condicionada a la observancia de las obligaciones fundamentales del Estado.

La comunidad internacional puede intervenir legítimamente porque asume la responsabilidad de proteger a los civiles (intervenciones humanitarias) y luego lo hace para perseguir la posesión de armas de destrucción masiva (Elden, 2009). Lo interesante del argumento es que vemos cómo registra los cambios en el derecho internacional en sus nociones básicas, desde la integridad territorial hasta la soberanía contingente, que sencillamente es no respetar la soberanía territorial de Irak, de Afganistán y otros países en el futuro, como antes lo fue con Kosovo.

Reflexiones finales

El problema central por dilucidar del presente colonial son las formas que adopta la dominación sobre territorios y sujetos, y entender qué formas de violencia organiza esa dominación a través del tiempo. Para eso se periodizan los últimos treinta años y se analiza la legislación sobre ocupación militar, a la vez que se muestra su carácter colonial con el caso iraquí.

Esos procesos están entremezclados con las formulaciones de la ocupación militar en el derecho internacional que, por cierto, fortalecen una visión cada vez más intervencionista de toda la normativa producida por los poderes ocupantes; una minuciosa y violenta reglamentación de la vida económica, política, social.

En ese sinuoso tránsito de las últimas tres décadas, la producción legal fue dejando de lado lo que apenas quedaba de derecho en el sentido de la justicia, y quedó como simple ley, como orden de los poderosos. En junio de 2020, Estados Unidos e Irak iniciaron un “diálogo estratégico” para pautar un retiro definitivo que continuará bajo el actual gobierno de Joseph R. Biden. Es un paso importante, aunque la soberanía se vuelve nominal o limitada cuando todo el sistema iraquí fue modulado por los ocupantes y sostenido por la presencia interna de las fuerzas militares, por la red de bases militares de la región y otras modalidades de seguridad desplegadas desde dentro y fuera del territorio. Esa es la modalidad global; no distingue fuera y dentro.

Una línea abierta de indagación es cómo y dónde la dominación se manifiesta como fragmentación territorial y soberanías parceladas, cómo y de qué manera la fragmentación es parte constitutiva de la producción del espacio. Cuando se analizan el caso palestino y los resultados de las negociaciones de Oslo, no puede dejarse de considerar el efecto calculado de la fragmentación de la soberanía como forma concreta de dominio que coexiste con el reconocimiento de la autoridad palestina. La estrategia no ha cesado de reproducirse en Gaza, Afganistán, Irak, Libia, Siria y, por cierto, América Latina.

El aspecto que debe considerarse es que esa fragmentación es un dispositivo del poder imperial y, al mismo tiempo, de la lógica del capital. Una comprensión más cabal requiere un análisis específico.

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